El mafioso comportamiento de quienes aprovechan el poder para servirse y no para servir es similar, solo que antes era impensable acusarlos y ponerlos tras las rejas.
Para poder reducir a 10 años la condena de 30 que establece la ley por malversación de fondos públicos y lavado de dinero, la semana anterior el expresidente de El Salvador, Antonio Saca (2004 y 2009), explicó ante los tribunales la estructura que utilizó para rapiñar más de US$300 millones de las arcas del Estado.
Asignación de proyectos sin licitación, creación de falsas empresas, retiros en efectivo, testaferros, transferencias por US$400 mil para su partido político, pautas publicitarias que terminaban en medios de comunicación en los cuales era el socio mayoritario o tenía interés, pagos de tarjetas de crédito y un vergonzoso salario mensual de US$10 mil a su esposa Ana fueron los canales para este despilfarro.
Con los privilegios que da el poder, Saca aprobó un reglamento que clasificaba los gastos de la partida presidencial como secreto de Estado, lo cual le sirvió para escudar estas y otras fechorías. “Así se ha manejado siempre”, expresó descaradamente ante el juez. Pero esta frase lapidaria aplica no solo para El Salvador y las argucias que utilizó para desfalcar el erario, tampoco.
En Guatemala, el expresidente Jorge Serrano (1991-1993) está acusado de corrupción masiva mientras que Álvaro Arzú (1996-2000), exmandatario y alcalde capitalino hasta su deceso, fue acusado de pagar propaganda electoral con fondos municipales; Alfonso Portillo (2000-2004), encarcelado un año en EUA por lavado de activos y corrupción; a Álvaro Colom (2008-2012), en libertad condicional por corrupción, ahora lo acusan de haber financiado su campaña con dinero ilícito; Otto Pérez Molina (2012-2015), preso por corrupción.
Sobre el actual gobernante Jimmy Morales pende una solicitud de antejuicio por financiamiento electoral ilícito.
En Nicaragua, el exmandatario Arnoldo Alemán, condenado a 20 años por corrupción masiva, fue excarcelado por un pacto con Daniel Ortega a quien tarde o temprano la justicia le pasará la factura.
En Costa Rica, los exmandatarios Miguel Rodríguez (1998-2002) y Rafael Calderón (1990-1994) guardaron prisión, acusados de recibir coimas para asegurar contratos privados.
En Honduras hasta ahora se imputa a un expresidente del Poder Judicial y el caso del expresidente Callejas no cuenta porque fue encausado por la justicia de EUA.
Para judicializar estos casos emblemáticos, la justicia ha funcionado en el resto de Centroamérica, pero en Honduras los vientos de cambio se estrellan contra los muros de la impunidad, distorsionando la ley con pactos multipartidarios y maniobras políticas y legales que permiten el blindaje legislativo.
El modo de operar de Saca y otros expresidentes es idéntico al utilizado en Honduras en casos como el IHSS y Pandora, la diferencia es que aquí no se llega a las cabezas de esas operaciones que no se quieren reconocer como lavados de activos.
Para romper cualquier acuerdo político y que la justicia funcione, se deben tener fiscales independientes y jueces fuertes.
Según Fosdeh, Honduras pierde cada año entre 25 y 50 mil millones por corrupción; por eso urge despolitizar los organismos operadores de justicia, establecer la meritocracia para seleccionar a quienes dirigen esas instituciones y de inmediato aprobar la engavetada Ley de Colaboración Eficaz y derogar la Ley de Secretos Oficiales y otros obstáculos que impiden investigar y condenar estos delitos. Honduras merece empezar a vivir su propia experiencia de justicia.
