Nuestros vecinos de Nicaragua se encuentran enfrascados en una convulsión interna que, además de haber cobrado la vida valiosa de muchos ciudadanos, también está afectando el normal desarrollo de las actividades económicas del país. Los empresarios, que con la intención de mantener la gobernabilidad y de evitar confrontaciones se unieron al carro del presidente Ortega, ahora están sufriendo las consecuencias y además son señalados por la población por su colaboración con un régimen que bajo el marco de elecciones bajo su control, se ha mantenido en el poder. La imagen de estabilidad y de convivencia armónica se ha derrumbado bajo el empuje de los jóvenes hastiados de un gobierno dictatorial, con ambiciones de seguir en el poder por muchos años más.
Esto demuestra que las dictaduras, sean de derecha o de izquierda, siempre se comportan en forma similar, motivadas por el afán de poder y de acumulación de riqueza y cobijadas bajo el argumento de luchar para mejorar las condiciones de vida de los más pobres, repartiendo limosnas que lo que hacen es crear una dependencia nociva.
En México, en su tercer intento, Andrés Manuel López Obrador acaba de obtener un triunfo arrollador logrando el 53% de los votos para la silla presidencial, 219 diputaciones de las 300 diputaciones federales y 24 de los 32 escaños en el Senado, lo que según los analistas políticos mexicanos, le dará un poder de maniobra sin precedentes en la historia del país para modificar y aprobar leyes. El principal perdedor ha sido el PRI, partido al que pertenece el actual presidente.
Este resultado es la mejor muestra de protesta de millones de mexicanos que desean un cambio radical y denota el enojo generalizado por la inseguridad y la corrupción en los distintos estratos gubernamentales, lo que contribuyó a la crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto. En el último sexenio han salido a flote grandes escándalos de corrupción a todos los niveles, incluyendo el caso denominado “la Casa Blanca”, una propiedad valuada en US$7 millones que pertenece a su esposa Angélica Rivera y que fue vendida por el grupo Higa, que recibió contratos de obras públicas en los tiempos que Peña Nieto fue gobernador del Estado de México.
En sus discursos como ganador, López Obrador ha enfatizado que trabajará conjuntamente con el sector privado, pero que su gobierno dará preferencia a los más humildes y a los olvidados. Que su gobierno será de reconciliación, pero que siempre pondrá por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés de la nación. Ha proclamado un gobierno de auténtica democracia y no a una dictadura abierta ni encubierta. Ha hecho énfasis en tres principios fundamentales que regirán su actuación como ser no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Esperamos que ya hecho gobierno cumpla con sus promesas y que no vaya a seguir los ejemplos nocivos de aquellos que dicen promover el Socialismo del Siglo XXl, que se han convertido en dictadores, se han apropiado de los recursos del país y tienen al pueblo en la más absoluta miseria y dependencia, con carencias de los productos más básicos para subsistir.
Pero el común denominador en ambos países ha sido la juventud, que es el péndulo que está inclinando la balanza hacia la protesta y el cambio, ya sea con manifestaciones violentas como en Nicaragua o mediante el voto como en México. Y en nuestro país parece que los delincuentes de cuello blanco no aprenden de las lecciones ajenas y piensan que podrán seguir cometiendo sus latrocinios sin que se produzcan consecuencias. La corrupción que ha imperado por tantos años no es el problema principal puesto que la misma se da en muchos países desarrollados y en proceso de desarrollo, el problema real es la impunidad, que hace que los corruptos no sufran las consecuencias de sus actos.
La impunidad es incubada por una debilidad institucional que impide que funcione el Estado de derecho, los pesos y contrapesos y que la justicia sea impartida en forma objetiva, pero respetando los derechos que garantiza la Constitución. Gandhi decía que “cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer”. Emulando lo anterior, bien se podría aplicar en el caso de gobiernos injustos y arbitrarios que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.
