Durante décadas se creía que esto podría suceder algún día, pero también que era quimera. La realidad rebatía la esperanza, fortunas se acrecían en el gobierno. Pocos han evidenciado su “viveza” en la apropiación de lo ajeno y se enorgullecían de ella, para burlonamente restregar su menosprecio y marginación a los muchos, quienes, como de tontos han sido tachados, se negaran a tomar lo que no les pertenece, a señalar lo incorrecto y a entender el servicio público como un verdadero apostolado.
El Estado se ha entendido como el patrimonio accesorio con el poder que se alcanza. El atentado a los bienes públicos no es solo asunto de los señalados como corruptos, varios de sus acusadores mediáticos no consideran corrupción el uso que han hecho de otros recursos tenidos a su resguardo, por sus hijos o por ellos mismos. Eso también es corrupción. ¿Empezará ahora a entenderse?
Las mayorías rechazamos la corrupción, pero pocos pueden señalarlo con efectividad. Si se es mujer, el machismo, de hombres y mujeres, se hincha, pretende descalificar para dificultar la labor. La determinación de una mujer supera cualquier escaramuza. Ahí están Doris Gutiérrez, Gabriela Castellanos y Ana María Calderón para demostrarlo. ¿Será por su condición de mujer valiente y capacitada que se le esquilma el título de vocera de la Maccih? ¿Por qué la sociedad civil no lo exige? Si la impunidad se acaba, todo va a cambiar en Honduras. Tanto abuso por fin castigado evitará muchos otros y habrá oportunidades de superación para los marginados. Nada compensa la angustia, menos la privación del bien jurídico más importante después de la vida: la libertad. Sin duda que el mejor negocio es la honradez, sin que importe el sufrimiento que pudiera derivarse. A los señalados debe aplicárseles el debido proceso, que sea la verdad la que prevalezca y que sea la ley, no la opinión pública, la que los juzgue. Ya no más arbitrariedades en ningún poder del Estado. Seamos un real Estado de derecho.
