A hora que América Latina ha vuelto a crecer, nuestros países tienen la oportunidad de darle nuevos bríos a la profunda transformación social iniciada a principios de siglo; una transformación histórica en la que la pobreza se redujo a la mitad entre 2003 y 2013 mientras que millones de personas se incorporaron a la clase media. Pero, para impulsar aún más estos avances, detenidos durante el período posterior de estancamiento económico, será indispensable lograr un crecimiento más inclusivo que beneficie a las poblaciones históricamente excluidas, como los pueblos indígenas.
La población indígena latinoamericana ha logrado mucho en materia de reducción de la pobreza y acceso a servicios básicos. En países como Perú y Bolivia, la pobreza de los hogares indígenas se redujo. En Ecuador, México y Nicaragua se cerró la brecha de asistencia escolar primaria entre los niños indígenas y los que no lo son. Además, en varios países de la región se aprobaron marcos jurídicos para abordar las necesidades y derechos de estos pueblos, lo cual es fundamental para una mayor inclusión en la toma de decisiones y diseño de políticas públicas.
Sin embargo, todavía existen desafíos. En países con grandes poblaciones indígenas como Perú, Ecuador, Bolivia y México, el porcentaje de los que tienen un empleo calificado y estable es entre dos y tres veces menor que del resto de la población. En Guatemala, un 61.2% de los niños indígenas sufrían de desnutrición crónica en 2014, en comparación con un 34.5% de los que no lo son. En suma, si bien los pueblos indígenas representan un 8 por ciento de la población total de la región, conforman el 14 por ciento de los pobres en América Latina.
Las altas tasas de pobreza van aparejadas de un menor acceso a la escolarización entre los niños indígenas, lo cual se traduce en posibilidades más reducidas de incrementar sus ingresos en el futuro. Esto limita la capacidad de mejorar su movilidad social, o lo que es lo mismo, de escapar de la pobreza, convirtiéndose en un círculo vicioso que es necesario romper.
Para lograrlo, en el Banco Mundial trabajamos desde hace años con los países para incrementar las oportunidades económicas y brindar condiciones de vida más dignas a los pueblos indígenas. Lo hacemos apoyando a sus comunidades con programas de desarrollo productivo y protección social, facilitando un mayor acceso a servicios de calidad culturalmente pertinentes y fortaleciendo la seguridad jurídica de sus tierras. Todo ello a través de proyectos de inversión en diferentes áreas como educación, salud, agua y saneamiento, competitividad rural y conservación de la biodiversidad.
Asimismo, participamos en un proceso de diálogo permanente con organizaciones de toda Latinoamérica, representadas por el Foro Indígena Abya Yala (FIAY). En el marco de este trabajo se han fomentado procesos de diálogo entre los gobiernos y los representantes indígenas, y se ha brindado asistencia técnica a los países en la formulación de políticas para asegurar una mayor participación de los pueblos indígenas en los procesos de desarrollo en sus países.
Este compromiso lo reafirmamos a mediados de marzo con la aprobación de un innovador proyecto de US$80 millones para apoyar la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas en Panamá, una iniciativa propuesta por las mismas comunidades. El proyecto establecerá la plataforma operativa y fiduciaria para volver realidad las acciones propuestas en el Plan. A la vez, crea un modelo de desarrollo en donde los mismos pueblos son los que definen sus prioridades de inversión y desarrollo en sus territorios, y participan de forma activa en el monitoreo y evaluación de su implementación de la mano con el gobierno.
En concreto, el proyecto apoyará las prioridades establecidas en el Plan para mejorar la infraestructura y la calidad de servicios de salud, educación y agua y saneamiento, con base en las prioridades establecidas por sus propias comunidades y autoridades tradicionales. Asimismo contribuirá al fortalecimiento de la capacidad de gobernanza y coordinación entre el gobierno panameño y las autoridades indígenas para fomentar y mejorar la calidad, pertinencia cultural y sostenibilidad de la inversión en estos territorios.
Por supuesto, esperamos que los beneficios vayan más allá del propio proyecto al elevar la visibilidad, inclusión y reconocimiento en la implementación de los derechos indígenas. Asimismo, esperamos que esta iniciativa sea retomada en otros países pues sabemos que escuchar y tomar en cuenta su propia visión de desarrollo es la mejor manera de contribuir a superar las barreras estructurales que perpetúan la desigualdad y discriminación.
Sólo así, la profunda transformación social iniciada a comienzos del milenio logrará eliminar la exclusión y aumentar las oportunidades para todos los latinoamericanos
