Entre el marasmo de confusiones, contradicciones, meteduras de extremidades, rectificaciones, fe de erratas, declaraciones y aclaraciones absurdas que lindan con lo ridículo, sin dejar por fuera las flagrantes violaciones de las leyes y la Constitución de la República, sobresale un hecho que muy pocas voces han cuestionado, con suficiente fuerza, como para provocar eco y atención de la población.
Me refiero a la incautación y cierre de empresas cuando alguno de sus socios se ve involucrado en actos reñidos con las leyes, ya sea en el caso extremo del narco o bien en los recientes casos de lavado de dinero o vinculaciones para cometer ilícitos.
El espíritu de la ley que faculta a las autoridades a incautar bienes no es el de buscar venganza o castigo directo sumarial de los responsables; es prevenir que si esos bienes están sirviendo como vehículo para cometer crímenes, se impida su continuación bajo la vigilancia del Estado.
Jamás se legisló con la idea de interrumpir la actividad económica de la unidad empresarial y nunca, pero nunca, dejar en la calle a cientos de trabajadores.
Me llama la atención el proyecto de decreto presentado en el seno del Congreso Nacional para cancelar la concesión otorgada por el Estado, (después del cumplimiento de todos los requisitos legales, y la aprobación de las innumerables instancias del Ejecutivo), a una empresa de generación de energía eléctrica renovable por exigencias de grupos ambientalistas en el occidente del país.
No me propongo cuestionar la justicia o derecho de los peticionarios, eso le toca a las instancias judiciales, lo que sí advierto es que si el Congreso accede a esta exigencia estará sometiendo al Estado de Honduras a una demanda multimillonaria, no solo en los tribunales locales sino en los internacionales.
Eso es precisamente lo que se conoce como “seguridad jurídica”, si un Estado otorga una concesión asume plena responsabilidad por el cumplimiento total de las garantías que esa concesión otorga. Cambiar las reglas unilateralmente a mitad del río cuando ya existe una inversión enorme, es suicidio.
Más cuando la pretensión del país es atraer la inversión externa. Lo mismo advertí en su momento con el caso Rosenthal, las demandas están en la puerta del horno. ¡Mucho cuidado!
