En Honduras se ha utilizado en las elecciones generales para la determinación de sus resultados un mecanismo poco científico y considerablemente vulnerable, como lo es la encuesta a boca de urna, pues a su amparo pueden cometerse tremendos errores y defraudar a los electores, vale decir a la soberanía popular.
Se ha acostumbrado que una empresa proyecte cuál es el candidato presidencial ganador con base en consultas a boca de urna que hipotéticamente serían confirmadas por una muestra parcial de los resultados provisionales divulgados por el Tribunal Supremo Electoral.
Si la muestra parcial del TSE fuera concordante con la proyección, se ha sostenido, se formaría una tendencia que se calificaría como irreversible. Y, a continuación, invocando que Honduras no puede soportar la incertidumbre sobre quién será el nuevo gobernante, se ha acostumbrado a ejercer todo tipo de presiones sobre el candidato provisionalmente en desventaja para que reconozca el triunfo del adversario.
En las elecciones del 2005 funcionó ese sistema extramuros de la legalidad con todas las consecuencias, al extremo de que nunca se conocieron los resultados reales de la votación presidencial.
Simplemente, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que a la sazón era el señor Arístides Mejía, entonces del Partido Liberal, declaró que el vencedor era el candidato Manuel Zelaya Rosales; la empresa encuestadora y los medios de comunicación determinaron que la tendencia era irreversible y presionaron al candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa, a aceptar su derrota, quien se resistió un tiempo, pero al final terminó acallando su oposición y Manuel Zelaya fue declarado oficialmente ganador aunque, posteriormente, él mismo admitió en entrevista televisada haber ganado la presidencia con fraude.
En la elección del 2017, uno de los candidatos de oposición, S. Nasralla, denunció fraude antes y después de la elección.
Durante la elección, mientras el resultado provisional con base en un 57% de las actas le era favorable por cinco puntos, se proclamó ganador, invocando una tendencia irreversible, y de manera inconsulta fue acompañado en esta opinión por uno de los magistrados del TSE.
Sin embargo, el conteo de más actas demostró que con el 82% de las actas escrutadas el candidato presidencial del Partido Nacional, J. O Hernández, le superaba y que su ventaja a esa altura se mantuvo hasta el final, con 42.95% frente a 41.42%, con una diferencia de 1.53%.
Para calibrar el tema de la denuncia de fraude, conviene tomar en cuenta la opinión de un periodista en el programa “Interpretando la noticia” de Globo Televisión, en la cual explica el fraude proveniente de la candidatura de oposición con base en un presunto entendimiento con un magistrado que tenía a su cargo la administración del ingreso de las actas en el sistema del TSE.
Para que no volvamos a caer en precipitaciones declarando presidente ganador sin tomar en cuenta la información de todas las actas, conviene tomar nota de lo ocurrido en el Estado de Alabama, Estados Unidos, ayer 12 de diciembre, donde se disputaban un asiento en el Senado Federal el candidato republicano Roy Moore y el demócrata Doug Jones.
Pues bien, el candidato demócrata al haberse computado el 57% de los votos iba perdiendo por siete puntos, diferencia que se fue reduciendo progresivamente, a medida que se computaban más votos, así: con el 70%, la ventaja republicana era de 3%; con el 86%, la ventaja era de .2% y, al final, con 49.9 contra 48.4 el candidato demócrata ganó por 1.5%.
Impresionante resultado que prueba que las elecciones muy cerradas pueden darse con resultados reales que difícilmente pueden ser cuestionados.
Un fenómeno electoral como el referido puede darse en cualquier parte del mundo, con observación electoral o sin ella. Por consiguiente, es aconsejable contar todas las actas y aceptar sus resultados finales, como ocurrió en Honduras en esta elección de 2017.
