Tal vez no haya mal mayor, o más despreciado por la sociedad hondureña, que el de la impunidad. La impunidad, hermana gemela de la corrupción, no es producto de nuestra cultura o nuestras costumbres: es hija directa de la forma en que hemos decidido organizarnos.
El problema es que se acaba por creer que se trata de algo natural; y no es para menos, una observación al panorama cotidiano muestra que la impunidad reina por sobre todas las cosas.
Los ejemplos son vastos y muy diversos: desde los taxistas que secuestran una calle para hacerla su punto de taxis y lo ven como una conquista gremial, hasta encapuchados que se toman una arteria de la ciudad provocando daños a la propiedad pública, para finalmente salir muertos de la risa a planificar la siguiente batalla.
Desde médicos que son capaces de dejar una mesa de operaciones para asistir a una asamblea informativa, hasta leyes que obligan a un empresario a “ayudar” a las autoridades a realizar alguna inspección indispensable para sacar una licencia o permiso.
El caso del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, por ejemplo, es paradigmático; esta es una institución que languidece, su presupuesto que no incluye antropólogos o arqueólogos apenas alcanza para pagar planilla, menos para adquirir vehículos o escáneres de alta tecnología que deberían servir para realizar los estudios necesarios que garanticen que en el sitio donde se construirá un proyecto no hay restos arqueológicos de civilizaciones antiguas. Lo que es requerido para sacar una licencia ambiental.
Una institución sin recursos que tiene ese mandato, tiene excusa para engavetar una solicitud hasta que la desesperación lleve al interesado a la mesa de negociaciones.
Aún así, esta institución tiene la potestad de aprobar (o denegar) a través de una constancia, los grandes proyectos de inversión en Honduras.
Si no hay aprobación no hay proyecto, si no hay vehículos no se puede realizar la inspección, y como no hay arqueólogos o equipo de alta tecnología, finalmente, después de algún entendimiento o con recursos del propio interesado mandan a cualquiera a “verificar” lo que ya todos sabemos: que ese trámite está allí no para proteger el patrimonio cultural de la nación, sino para negociar el valor de una firma.
Ante la imposibilidad de resolver los problemas, el ciudadano se adapta y la corrupción es un medio para lograrlo.
El problema no es la corrupción misma sino la impunidad que la hace posible y, desde otro ángulo, inevitable; por tanto, la impunidad no es otra cosa que el producto de nuestra debilidad institucional.
Una institución, decía el premio Nobel Douglas North, es la forma en que una sociedad decide limitar y constreñir el espacio de acción entre los actores en su sociedad. Mientras más claras y definidas esas reglas, mayor la fortaleza institucional y menor el potencial de arbitrariedad de la autoridad.
El día en que tengamos instituciones fuertes y reglas claras, así como una autoridad dispuesta para hacerlas cumplir sin miramiento, el país será otro. El asunto es acabar con toda esa permanente arbitrariedad: todo lo demás es pura pirotecnia retórica.
