Cualesquiera de los dos candidatos sea el triunfador en la recién concluida elección, es fundamental y necesario reorientar las políticas estatales para el próximo cuatrienio 2018-2021, con el propósito de aliviar la desigual deuda social que, a lo largo del tiempo, pesa cada vez más sobre las espaldas y bolsillos de la mayoría de compatriotas.
Los programas asistencialistas provocan una dependencia económica y mental tendiente a crear un clientelismo político y una situación de subordinación, por lo que deben ser reemplazados por el empoderamiento que tenga por fin la creación y fortalecimiento de microempresarios, vía crédito y asistencia técnica.
El sector cooperativista debe ser fortalecido, en las ciudades y áreas rurales, lo que entre otros beneficios tiende a eliminar los intermediarios entre productores y consumidores.
Los programas de distribución de tierras agrícolas, con tenencia individual y/o colectiva, deben ser retomados para establecer la seguridad alimentaria actualmente cada vez más dependiente de importaciones de alimentos que pueden ser producidos localmente.
El énfasis en las agro-exportaciones ha provocado un desequilibrio entre la demanda para el mercado externo y el interno.
El porcentaje del Presupuesto General de la República destinado a la inversión social debe ser incrementado. Actualmente, las partidas dedicadas a los rubros salud y educación se dirigen al pago de salarios dejando escasos fondos para programas que impactan en la niñez y juventud.
El énfasis en las fuerzas del mercado como motor del desarrollo económico ha provocado consecuencias devastadoras para un 60% de la población, reduciendo dramáticamente su poder adquisitivo de bienes y servicios ante los avances de la inflación y el crecimiento demográfico.
El Banco Central debe actualizar sus indicadores, ya desfasados, relativos a la canasta básica y los precios al consumidor.
El desarrollo y crecimiento económicos deben ir paralelos al desarrollo humano sostenible, de otra manera se crea la ilusión que los índices macroeconómicos son suficientes para el bienestar social, en desmedro de lo microeconómico.
La agobiante deuda interna y externa contraída en años recientes significa que un porcentaje cada vez mayor del Presupuesto se destina a la amortización de intereses y capital, considerándola prioritaria en desmedro de la inversión social.
El manejo transparente y racional del gasto público evitará su desviación a bolsillos particulares, y el rendimiento de cuentas reducirá progresivamente la actual secretividad en la captación de impuestos que impide la auditoría social de su destino.
La carga tributaria debe ser equitativa a efecto que quienes mayores ingresos perciben paguen proporcionalmente mayores porcentajes al fisco. Las onerosas y selectivas exenciones y dispensas significan un sacrificio fiscal para el Estado, favoreciendo a determinadas empresas locales y foráneas.
El combate sostenido a la corrupción e impunidad y el fortalecimiento de un sistema legal con reglas claras, aplicadas igualitariamente sin consideraciones de clase y filiación política, es el principal aliciente para atraer inversión.
Si todo continua igual, bajo la errónea creencia que vivimos en el mejor de los mundos posibles, generará mayores tensiones sociales e incrementará los niveles de frustración y alienación colectivas.
También la empresa privada debe establecer alianzas estratégicas con el sector público, generando fuentes de trabajo adecuadamente remuneradas y capacitaciones permanentes a la fuerza laboral, aumentando así la producción y productividad.
