La historia se repite en cada ciclo electoral. Los candidatos de los diferentes partidos políticos tratan de atraer adeptos mediante una variedad de promesas políticas, algunas de ellas sin ningún sustento o factibilidad, pero en realidad el objetivo es despertar la emoción e interés de los ciudadanos y así obtener su voto llegado el momento crucial de las elecciones.
Cuando las promesas de los candidatos y sus partidos se caracterizan por enmarcarse dentro de conceptos generales, resulta complicado valorar objetivamente las mismas. Lo correcto debería ser que los candidatos presenten proyectos concretos conjuntamente con sus estrategias y calendario de implementación, no solo para que los ciudadanos los evalúen sino que, idealmente, puedan exigir su cumplimiento posteriormente.
Los políticos se caracterizan por la grandilocuencia de sus discursos y por la magnificencia de sus ofrecimientos, todo con el objetivo de crear un impacto emocional y positivo en los fervientes seguidores, quienes en realidad se motivan más por sus inclinaciones políticas heredadas y por la posibilidad de lograr algún tipo de beneficio si su líder llega al poder.
Entre más artificial es la propuesta, más sospechosa se vuelve la honestidad y credibilidad del político. No importa si se trata de políticos de derecha o de izquierda, el discurso es casi la misma canción estereotipada.
Un tema que no puede faltar en el discurso es la lucha contra la corrupción, tema que ha sido puesto de moda por el caso de Odebrecht, la firma que mediante pago de sobornos se ganó millonarios contratos en muchos países del mundo, o la corrupción generalizada en la FIFA o la Cicig en Guatemala, donde parece que los casos de corrupción nunca terminarán o el IHSS en Honduras, donde todavía no se llega a los grandes líderes que posibilitaron toda la corrupción que se ha develado.
Otro tema muy emotivo en el discurso político es el “amor a la patria” que todos dicen profesar, aunque el país sigue sumido en la pobreza y el subdesarrollo bajo la dirección de los que han hecho de la política su modus vivendi y se han pertrechado por años bajo la sombrilla de un puesto público, gozando de comodidades, prebendas e influencias a expensas de los impuestos pagados por los hondureños.
Entre las ofertas recientes no podían faltar los sempiternos temas del mejoramiento de la educación, de la salud y de la seguridad. A estos ahora se le agregan los temas fiscales y la derogación del famoso e inconstitucional impuesto del 1.5% sobre los ingresos, que convirtió el impuesto sobre la renta en un impuesto sobre ventas bajo el disfraz de combatir la evasión fiscal.
Adicionalmente, ahora la oferta incluye los servicios de energía eléctrica y el agua, que serían gratis para una gran parte de la población y la eliminación del peaje en las carreteras.
Otras propuestas cajoneras se relacionan con la simplificación de los procesos administrativos y el fortalecimiento de la institucionalidad, la generación de empleo y la creación de nuevas instituciones como la Secretaría del Café y la de un nuevo banco de desarrollo agrícola, aunque este sea un modelo que ha fracasado, no solo en Honduras.
Esta última propuesta va más allá de lo tradicional y parece única en el mundo, al ofrecer que en el nuevo banco los plazos de los préstamos no serán ni a tres o cuatro años, sino a una o dos décadas y a una tasa de interés nunca vista en el país.
Una nación no se puede desarrollar a base de promesas y de acciones aisladas que no forman parte de una estrategia integral de largo plazo.
Honduras, por el contrario, ha aprobado la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, el Plan de Nación y ahora tenemos el Plan 20/20. Desafortunadamente, todos estos planes han tenido una vida efímera, ya que no ha habido continuidad entre los distintos gobiernos.
La visión que todos los hondureños deberíamos impulsar es la de una Honduras próspera y segura, con crecimiento económico y social inclusivo, generación de empleo productivo no burocrático y donde haya oportunidades para todos.
Para esto es importante contar con una administración pública eficiente y que rinda cuenta de los recursos que aportamos los ciudadanos. Todo complementado con una institucionalidad donde impere la ley y el equilibrio de poderes. Como dice el dicho: “Si lo soñamos y trabajamos para ello, lo podremos lograr”.
