Con la entrada en funcionamiento de los Tribunales Anticorrupción y la dinámica consecuente en el Ministerio Público y en la Maccih, hay que esperar reacciones duras a su labor y a quienes les respalden.
Lo que asegure su efectividad estará bajo amenaza: sus titulares, sus familiares, fiscales, figuras sobresalientes de la sociedad civil organizada en la lucha contra la corrupción y la impunidad, hasta los extranjeros que han asumido el resguardo de la verdad, la justicia y de nuestros derechos, porque nosotros no fuimos capaces de hacer todo para defenderlos.
La integridad personal de los adalides de la habilitación y recuperación de la cosa pública es responsabilidad ciudadana, no solo de sus equipos de seguridad, personales y del estado. No pueden trabajar solos y nosotros no podemos dejarlos solos.
En una sociedad en que hay buenos que mienten, dominados por sus pasiones, muy bajas a veces, así como por sus sesgos ideológicos o disfunciones éticas, ¿cómo no habría que esperar que malos mientan sobre buenos? Es de suponer que de sentirse amenazados, algunos sino muchos, serán capaces de acciones graves, hasta delictuosas, con tal de no ser señalados, menos acusados y condenados.
La buena imagen, la confiabilidad, son también parte fundamental de la integridad personal de los operadores de justicia.
De ahí que tanto la institucionalidad estatal como la ciudadanía deban ser blindaje imbatible para quienes estén al frente del combate a la corrupción y a la impunidad. Hay que asegurarles el ambiente propicio, la tranquilidad, de forma que cumplan sin distracciones, menos, pesares.
Arrecia la hostilidad en contra del CNA, de la Maccih, de los jueces anticorrupción, de la sociedad civil con manifiesto interés anticorrupción y de ciudadanos que les respaldan. Hasta de lados inesperados.
Lo importante es estar firmes y rechazar las dudas que sobre los mismos pretenderán transmitirnos. Nadie dijo que sería fácil. La lucha anticorrupción era y es impostergable.
