La transparencia en la gestión pública está vinculada hoy y siempre -aquí y en cualquier lado del mundo- con el respeto a la ley. El sometimiento a la ley no solo es un componente esencial del Estado de Derecho, sino el factor más importante para que en la administración pública haya transparencia y se evite la corrupción.
El capítulo de Transparencia Internacional en Honduras debe -en todo momento- encaminar sus esfuerzos en propiciar que todo acto de la administración pública se efectúe en consonancia y respeto del ordenamiento jurídico. Si hay transparencia y cumplimiento de la ley se fortalece el Estado de Derecho.
Ha sorprendido que el director ejecutivo de Transparencia Internacional en Honduras y director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señor Carlos Hernández, haya manifestado que a pesar de que el proceso para habilitar la reelección en nuestro país no ha sido el correcto, el mismo se ha legitimado con la celebración de elecciones internas en las que el partido en el poder y dos partidos de la oposición participaron.
Suponemos que el inicial desacuerdo del señor Hernández parte de la forma irregular e ilegal en que se gestó (porque si el proceso de reelección hubiese sido legal no debería generar ese preliminar cuestionamiento).
Pero señalar que dicho proceso está legitimado por la simple celebración de elecciones internas de este año, cuando la pretensión reeleccionista del Presidente de la República violenta abiertamente el artículo 4 de la Constitución de la República, actualmente vigente, no modificado ni trastocado por la ilegal sentencia de la Sala de lo Constitucional del 2015, y que exige la obligación de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, nos parece una preocupante posición de un personaje que por su investidura y función debería incansablemente exigir y luchar porque en el país se respete la ley; porque en Honduras comience a formarse una cultura de respeto a la ley.
Más aún, no podemos entender el porqué la participación en elecciones internas de dos partidos de la oposición puede legitimar la participación partidaria de un candidato a la presidencia de otra organización política, cuando los procesos de elección interna de los partidos políticos atienden a sus propios intereses.
¿Cómo puede legitimarse un proceso de reelección cuando el mismo se opone abiertamente a la Constitución? ¿Cómo es posible que el director de Transparencia Internacional estime que la legitimidad de los actos de la administración pública, concretamente la permisión de reelección del actual mandatario, pueda tener como base un acto violatorio a la ley?
¿Qué ejemplo de respeto a la ley nos muestra la Dirección de Transparencia Internacional en Honduras? ¿Cómo podemos aspirar a tener una sociedad más justa ignorando la violación a la ley? ¿Qué concepto de legitimación tiene el señor director de la ASJ?
Ciertamente no comprendemos la posición del señor Hernández con su tesis de “legitimación del proceso de reelección en Honduras”, el cual parte de resoluciones emitidas en clara oposición a la ley.
Y nos preocupa que ese aval de legitimación otorgado en forma pública provenga de un actor protagónico en los procesos de selección de las autoridades de instituciones clave dentro del Estado de Derecho (Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia) y ahora de los jueces encargados de la lucha anticorrupción.
El director de Transparencia Internacional en el país, con su posición –en el marco de las importantes funciones que asume- nos brinda un mal ejemplo de compromiso con la legalidad, y por tanto nos debe una aclaración de ese entendimiento de legitimación de un proceso ilegal, porque de no hacerlo sus ejecutorias generarán dudas respecto de su compromiso de exigir el respeto a la ley y más aún a la Constitución de la República en todos los actos de la administración pública; compromiso que debe caracterizar a un ejecutivo dedicado a la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia.
