Tras siglos de sufrimiento y atrocidades, los seres humanos hemos logrado construir principios y reglas que protegen el núcleo esencial de la dignidad del ser humano, por encima de razas, fronteras, lenguas y banderas: los derechos humanos.
El repudio a la tortura es una de estas reglas esenciales de humanidad, y como tal, representa un pilar y un objetivo de la construcción de la comunidad internacional.
Cualquier Estado cuyos agentes causan, permiten o toleran que una persona sea expuesta a dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, niega la dignidad de la persona y la propia razón de existencia del Estado.
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas en 1984, es la expresión más nítida del consenso de la comunidad internacional frente a la deshumanización que representa la tortura.
Sobre la base de la misma, muchos estados, incluyendo Honduras, han prohibido y penado la tortura y han desarrollado políticas públicas y protocolos de trabajo para sus funcionarios. Por ejemplo, el Código Penal hondureño sanciona la práctica de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por otro lado, se han establecido algunas salvaguardias legales y procesales, particularmente durante las primeras horas de detención, para prohibir las técnicas de interrogación incriminatorias, además de haber constituido organismos estatales independientes como el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Conaprev) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
La Convención también representa una herramienta esencial para apoyar las demandas ciudadanas de investigación de periodos oscuros en la historia de muchos países y enjuiciar a sus responsables, contribuyendo esencialmente al afianzamiento de la democracia en dichos Estados.
Pese a todos estos avances, aún hoy en América, en Europa, en África y en otros rincones del mundo, el sufrimiento de muchos, su grito, su abandono silencioso, continúa elevándose para recordarnos que la humanidad sigue negándose a sí misma.
Personas privadas de libertad, personas con discapacidades mentales o intelectuales, personas detenidas, así como niños y niñas, defensores de derechos humanos, adultos mayores y personas de la comunidad LGTBI están expuestos a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nosotros podríamos estar en su lugar y ese podría ser nuestro sufrimiento.
En Honduras, la tortura aún no ha sido erradicada. Según datos oficiales compartidos con el Comité contra la Tortura (CAT) para la revisión de Honduras en 2016, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) recibió 253 denuncias de tortura entre 2009 y 2014, mientras que el Conadeh recibió 912 denuncias por tortura y malos tratos de 2010 a 2014.
De lo anterior, la FEDH había presentado 54 requerimientos fiscales entre 2009 y 2014 en contra de elementos de la policía, fuerzas armadas y otros servidores públicos. En ese mismo periodo, solo se reportaron cuatro sentencias condenatorias por actos de tortura, con penas de prisión que en ningún caso superaron los cinco años.
Como resultado de esta revisión, el Comité formuló en agosto de 2016 una amplia gama de recomendaciones al Estado con el objetivo de ayudarle a construir e implementar una ruta efectiva para prevenir y reprimir la tortura y los malos tratos.
Dentro de las recomendaciones claves, resaltan el deber de garantizar que se investiguen de manera pronta e imparcial todas las denuncias de tortura y malos tratos por un organismo independiente, sin relación institucional o jerárquica entre los investigadores y los presuntos autores; que se enjuicie a estos presuntos autores; y en caso de ser culpables, se les condene según la gravedad de sus actos.
El Comité también recomendó reforzar las garantías a toda persona que se prive de libertad, informándole los motivos de su detención y la naturaleza de los actos en su contra, inscribiéndole en el registro de detenidos y brindándole asistencia.
A un año de las recomendaciones del Comité contra la Tortura, el próximo 12 de agosto, Honduras deberá facilitar información a este órgano sobre el cumplimiento que le ha dado a recomendaciones prioritarias que incluyen: traspasar la gestión de los centros penitenciarios a autoridades civiles; disminuir el hacinamiento y la promoción de la seguridad en instituciones penitenciarias; proveer de recursos económicos y humanos al Conaprev; e informar detalladamente sobre las investigaciones en torno a la muerte de Bertha Cáceres, así como de denuncias sobre amenazas y agresiones contra periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
Las recomendaciones y su cumplimiento representan una oportunidad valiosa para que Honduras demuestre un compromiso sólido hacia la erradicación total de la tortura y los malos tratos mediante el cumplimiento de medidas para la investigación, sanción y reparación, en favor de sus víctimas.
Esta es una oportunidad para que reafirme su voluntad de erradicar una práctica perturbadora e injustificable, consolidando sus vínculos con la comunidad internacional y con los principios que vinculan a las hondureñas y los hondureños con sus congéneres en cualquier parte del mundo.
