La racionalidad en el uso de los recursos es responsabilidad de todos los sectores. El Estado tiene el deber de elaborar un buen diseño de la política fiscal para que los impuestos cumplan los principios de eficiencia y progresividad, que tiene su expresión concreta en la efectiva recaudación, buena administración, buen uso y distribución de los tributos recaudados.
De modo que garantice al ciudadano educación de calidad, salud preventiva y curativa, proyectos sociales básicos e infraestructura económica adecuada para facilitar la inversión productiva. Otra responsabilidad tributaria por parte del Estado es garantizar el ahorro e inversión.
En tal sentido los impuestos ni deben restar competitividad a las empresas, ni mucho menos deben ser confiscatorios porque esta distorsión solo causa disminución en la renta disponible, reduce el ahorro y cae la inversión que es la principal variable económica generadora de empleo e ingreso.
La racionalidad en la aplicación y uso de los ingresos tributarios indiscutiblemente traerá consigo mayores ingresos al fisco porque así es que se garantiza a los empresarios, inversionistas, familias de todos los niveles mejorar o incrementar sus ingresos y/o utilidades.
No se mejoran los ingresos fiscales bajo un círculo vicioso de disminución de inversión, aumento del desempleo, bajo ingreso, caída de la demanda y menor inversión.
La pobreza no aumenta los ingresos tributarios, el reto entonces es revertir esos indicadores para mejorar oportunidades, generar riqueza y bienestar para todos.
También tiene responsabilidad fiscal el sector privado en varios sentidos: uno es pagando los impuestos que por ley corresponden.
Evadir el pago de impuestos solo genera competencia desleal entre empresas. El que no paga reduce sus costos y puede bajar precios, de esa manera controla el mercado y saca al que si paga que no puede bajar precios por sobre el límite óptimo, en virtud de que sus costos serán mayores en relación al que no paga sus obligaciones tributarias.
Otra manera de asumir responsabilidad fiscal por parte de los empresarios es la realización de una efectiva planificación que le permita aliviar su carga fiscal, la cual se logra con eficiencia y buen uso de los recursos disponibles que determinarán su capacidad contributiva, sobre la base de la relación entre los impuestos de la renta y el total de sus ingresos netos.
Solo siendo eficiente y planificando se puede saber cómo y en qué invertir, cómo se utilizará el ahorro, cuáles son las expectativas ante el ambiente de incertidumbre al que se enfrentarán, etc. He allí la necesidad de orientarse económicamente para alcanzar racionalidad y asignación correcta de los recursos para lograr los objetivos preformulados.
La eficiencia tanto para el gobierno, los empresarios y las familias tiene similitud y diferencias, lo común es alcanzar los objetivos o metas trazadas con menos recursos y, por consiguiente, disminuir costos.
La diferencia es que el gobierno tiene o debería tener preocupación por la rentabilidad social y el inversionista o empresario privado su interés es la utilidad, la ganancia o la rentabilidad económica.
Lo ideal es que el sector público y sector privado trabajen de la mano, complementándose en la actividad económica de manera tal que el Estado oriente económicamente al sector privado, generando confianza para la inversión.
Solo así se evitarán los totalitarismos de cualquier signo que no abonan en nada al progreso y bienestar.
El Estado total concibe al ciudadano como una unidad de producción, en tanto que el mercado total lo concibe como una unidad de consumo.
Desde la perspectiva racional ni el ser humano debe quedar supeditado al capital, que solo es un medio para dignificar al hombre, ni tampoco subordinado al Estado que ha sido creado por el mismo ser humano.
