Las negociaciones entre transportistas y gobierno han llegado a un feliz término, teniendo como consecuencia el alza alas tarifas del transporte publico. Finalmente, las demandas presentadas por los empresarios de este rubro no fueron aceptadas por el gobierno, lo cual era una reducción de 23 lempiras al galón de gasolina y como contraparte el gobierno exigía la rebaja a las tarifas, situación que de haberse concretado beneficiaría directamente a la población que hace uso diario de los medios de transporte. Sin embargo, no se logró un acuerdo que beneficiara a los usuarios de este rubro, si no más bien entre empresarios y gobierno se pusieron de acuerdo para perjudicar al pueblo con el incremento al pasaje y una leve rebaja al precio por el galón de combustible. Según el gobierno, no es viable una reducción a los precios de los carburantes ya que de los impuestos que el estado aplica a los energéticos depende la ejecución de muchos programas sociales que están en marcha asi como el mantenimiento de la red vial pavimentada y no pavimentada del país, lo cual suena lógico. No obstante, resulta contradictorio que el pueblo pague una tarifa por peaje para mantener en buen estado algunos de los ejes carreteros más importantes y además, pague un alto impuesto al combustible para el mismo propósito. ¿Estamos pagando en dos veces el mismo tributo? Y por si fuera poco, en los recibos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) viene un recargo a la tarifa de ajuste por combustible. Los programas sociales bien enfocados en función de erradicar los niveles de pobreza son importantes como lo es mantener las carreteras en buen estado, pero sin golpear fuertemente la ya deprimida economía de los hondureños. En ese sentido, el estado debe de buscar los mecanismos adecuados para generar el crecimiento de la infraestructura pública sin tener que incrementar los impuestos si no más bien,reduciendo las exhoneraciones fiscales que tanto afectan al sistema tributario nacional.
