La quema de dos patrullas y una posta policial, ocurridas el sábado 3 de octubre en San Marcos, Santa Bárbara, tras la muerte de un joven lugareño, en un accidente, según la versión oficial, pone de manifiesto dos elementos perturbadores: por un lado, la sed de justicia, y por otro, el más absoluto irrespeto a la autoridad y a la ley establecida.
Y es que, si bien es cierto, abundan los casos en que la Policía amaña los informes para favorecer a sus elementos implicados en algunos actos, y también se sabe de muchos agentes y oficiales abiertamente vinculados con la delincuencia, ya sea por cuenta propia o al servicio del crimen organizado, tampoco puede darse por descontado que ellos son los culpables de todo como asumieron los pobladores de San Marcos tras la muerte de Maynor Geovany Reyes Ramírez, de 18 años, en un encontronazo con una patrulla que transportaba a policías y militares que realizaban un operativo de rutina.
El policía Wilson Garay Benítez, quien conducía la patrulla implicada en la muerte del joven sin estar asignado en San Marcos, dijo que “llegué solo a cubrir el turno esa noche. Íbamos para el centro del municipio cuando sentimos el impacto en el carro. Miramos que era una moto y nos bajamos.
El joven estaba sin vida y le pedimos ayuda a un señor que estaba cerca de una milpa, pero ya era tarde, el joven había muerto”.
Tras conocerse la muerte de Reyes Ramírez, decenas de pobladores llegaron al escenario del hecho, enardecidos, y después que los elementos policiales huyeron del lugar, incendiaron la patrulla implicada, dirigiéndose posteriormente hacia la posta donde repitieron la acción con otra patrulla que se encontraba allí estacionada y contra las mismas instalaciones policiales.
O sea, resulta comprensible la sed de justicia, en un país donde impera la impunidad de los perpetradores, y más si tienen poder, pero es inadmisible también que los ciudadanos se hagan justicia por su propia mano ni siquiera en casos plenamente esclarecidos, mucho menos en aquellos que todavía están en investigación.
Lo ocurrido en San Marcos, Santa Bárbara, solo es tolerable en un país donde impera el caos y la anarquía y resulta condenable, independientemente de si se comprueba o se descarta responsabilidad alguna del conductor de la patrulla, lo que actualmente está siendo investigado por la Fiscalía.
