La violencia delictiva, con implicación de agentes del gobierno, la violación de derechos humanos y la ausencia de una correcta aplicación de la justicia parece una constante en todo el continente americano.
Así lo demuestra la criminalidad y la impunidad existentes en Honduras, con horrorosos crímenes de los que no se salva nadie, ni siquiera los niños y las mujeres, cuyo número de víctimas crece de manera exponencial.
En México, la desaparición de 43 estudiantes de magisterio hace dos meses, el pobre desempeño del gobierno priísta en el abordaje del asunto y su incapacidad para informar siquiera con propiedad sobre lo que realmente ocurrió con los jóvenes ha provocado un verdadero tsunami político que no solo tiene en aprietos al presidente Enrique Peña Nieto sino a toda la clase política de esa nación.
De hecho, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que por años se autocalificó como la única fuerza de oposición antisistema, ha sido uno de los más golpeados ya que el ahora encarcelado exalcalde de Iguala, principal acusado de haber ordenado a la policía de esa ciudad de Guerrero la entrega de los muchachos a los sicarios de un cartel del narcotráfico, no solo pertenecía a esa institución política sino que la cúpula partidaria conocía de sus fechorías.
La crisis es tal en el PRD que su propio fundador y excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, ha renunciado a sus filas tras recibir en carne propia la ira popular al ser vilipendiado durante una manifestación que exigía la aparición con vida de los 43 jóvenes. Pero tampoco más al norte las cosas andan tan bien. Gran revuelo a lo interno y al exterior está provocando la decisión de la justicia estadounidense, este lunes, de no presentar cargos contra Darren Wilson, el policía blanco de Ferguson, Missouri, que el pasado 9 de agosto mató a Michael Brown, un joven negro que estaba desarmado; en otro caso que recuerda el enfoque racial de la justicia y la desigualdad ante la ley. De hecho, ayer viernes el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura emitió un informe en el que denuncia, entre otros abusos, acusaciones de “brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas del orden, en particular el trato que da el departamento de policía de Chicago a negros y latinos”. A esto debe agregarse, por supuesto, las violaciones a los derechos humanos durante las intervenciones militares estadounidenses en el extranjero y las que ocurren en el ilegal centro de detenciones de Guantánamo.
No hay duda que la criminalidad y la falta de una correcta aplicación de la justicia son un problema global.
