Después de dos gobiernos neoliberales, distintos a los de la llamada “dictadura perfecta” del PRI, que por varias décadas se mantuvo en el poder y que ahora –ya con un enfoque de mercado-- está de regreso con Enrique Peña Nieto, México se enfrenta de nuevo a sus propios fantasmas, a sus contradicciones, a su desigualdad, a sus peculiaridades y a la corrupción de sus políticos.
No hay duda que el acrecentamiento del poder de las mafias del narcotráfico, producto del debilitamiento de sus pares colombianos, ha empeorado una situación que siempre ha sido difícil en una sociedad multiétnica, plurilingüe, en la que la ostentosidad de unos pocos contrasta con la indigencia y el abandono de grandes mayorías; y en la que sus relaciones con el poderoso vecino del norte tampoco han sido fáciles ni auspiciosas.
Se equivocaron de cabo a rabo quienes creen que la fuerza es la forma más efectiva para combatir a las mafias y a la delincuencia en general, sin ver todas las complicadas aristas del problema cuando creyeron en la decisión del segundo gobierno del PAN, encabezado por Felipe Calderón, de lanzar una “guerra contra los narcos”, usando incluso a los militares. La situación más bien empeoró no solo porque los uniformados –entrenados para acciones distintas a la labor policial— incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos, y muchos de ellos sucumbieron a la corrupción, sino porque los narcos más bien se hicieron más poderosos.
Los 60 mil muertos que dejó la “guerra contra los narcos” en el sexenio de Calderón, pese a la captura de algunos capos y muchos más que han caído durante la actual administración del PRI, solo parecen haber abonado al caos ya existente.
La más dolorosa muestra de esa realidad para el gobierno de Peña Nieto es lo ocurrido hace más de un mes en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, donde varios normalistas fueron masacrados y 43 desaparecidos por atreverse a desafiar el poder del alcalde de esa ciudad y su esposa, que en realidad eran dirigentes de un grupo mafioso local. De hecho, los estudiantes fueron capturados por la Policía y después entregados a los sicarios de la organización delictiva.
Peor aún, el gobierno federal, que tomó el control de la crisis, también ha sido incapaz de dar con el paradero de los estudiantes de magisterio y, para colmo, en la intensa búsqueda que realiza se ha tropezado con una gran cantidad de fosas clandestinas con decenas de cadáveres de las víctimas de los narcos, que prácticamente lo controlan todo y han cooptado a policías, militares, funcionarios públicos y políticos de todos los partidos.
