Rhode Island, EE. UU.
Después de años de quejas por no tomar seriamente las denuncias de agresiones sexuales, las universidades empiezan a encarar la cuestión —y se encuentran llenos de demandas presentadas por varones que dijeron haber sido suspendidos o castigados injustamente.
Los establecimientos de enseñanza se sienten atrapados en medio de un fuego cruzado.
'Tratamos de transitar por la cuerda floja entre ser más receptivos al asunto, pero también justos con todos nuestros estudiantes', afirmó Dana Scaduto, asesor legal general en el Dickinson College en Carlisle, Pennsylvania, quien atestiguó ante el Congreso sobre la cuestión.
Por lo menos 75 varones han demandado a sus universidades desde el 2013, quejándose de discriminación a la inversa y castigos disciplinarios improcedentes. La mayoría no ha sido acusada de un delito porque las denunciantes no acudieron a la policía o porque las autoridades determinaron que no había pruebas suficientes.
Este mes, el ex jugador de baloncesto de la Universidad de Yale, Jack Montague, dijo que planea demandar después de haber sido expulsado por una denuncia de agresión sexual. Otros dos basquetbolistas de la Universidad de Oregon que fueron suspendidos por denuncias de violación en 2004, interpusieron demandas en las que reclaman 10 millones de dólares cada uno después de que la fiscalía no los instruyó de cargos.
Un juez federal en Rhode Island permitió el mes pasado que avanzara el caso de un estudiante de la Universidad Brown suspendido durante dos años y medio por una acusación sexual.
La mayor severidad de las universidades se atribuye en gran medida a una carta en el 2011 de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación. La carta dijo a las universidades que deben investigar de manera expeditiva las denuncias de agresión y acoso sexual, aunque la acusadora no lo denuncie a la institución.
Los establecimientos de enseñanza que no cumplan con la instrucción pueden enfrentar una investigación y una suspensión de fondos federales. A mediados de marzo, dicha Oficina efectuaba 219 investigaciones en 173 universidades.
'Durante mucho tiempo no había proceso adecuado para las víctimas. A las víctimas se les decía que se fueran del establecimiento. A las víctimas se les aconsejaba darse de baja en el semestre', dijo Colby Bruno, del Centro Legal por los Derechos de las Víctimas. 'Ahora hay más decisiones contra los agresores. Sí, se responsabiliza a los agresores. Y esto va a molestar a algunos'.
Defensores de los acusados dicen que las universidades no están equipadas para manejar acusaciones tan serias. Algunos críticos opinan que las universidades ni siquiera deberían ver estos casos y que los crímenes sexuales deberían reportarse a la policía.
Después de años de quejas por no tomar seriamente las denuncias de agresiones sexuales, las universidades empiezan a encarar la cuestión —y se encuentran llenos de demandas presentadas por varones que dijeron haber sido suspendidos o castigados injustamente.
Los establecimientos de enseñanza se sienten atrapados en medio de un fuego cruzado.
'Tratamos de transitar por la cuerda floja entre ser más receptivos al asunto, pero también justos con todos nuestros estudiantes', afirmó Dana Scaduto, asesor legal general en el Dickinson College en Carlisle, Pennsylvania, quien atestiguó ante el Congreso sobre la cuestión.
Por lo menos 75 varones han demandado a sus universidades desde el 2013, quejándose de discriminación a la inversa y castigos disciplinarios improcedentes. La mayoría no ha sido acusada de un delito porque las denunciantes no acudieron a la policía o porque las autoridades determinaron que no había pruebas suficientes.
Este mes, el ex jugador de baloncesto de la Universidad de Yale, Jack Montague, dijo que planea demandar después de haber sido expulsado por una denuncia de agresión sexual. Otros dos basquetbolistas de la Universidad de Oregon que fueron suspendidos por denuncias de violación en 2004, interpusieron demandas en las que reclaman 10 millones de dólares cada uno después de que la fiscalía no los instruyó de cargos.
Un juez federal en Rhode Island permitió el mes pasado que avanzara el caso de un estudiante de la Universidad Brown suspendido durante dos años y medio por una acusación sexual.
La mayor severidad de las universidades se atribuye en gran medida a una carta en el 2011 de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación. La carta dijo a las universidades que deben investigar de manera expeditiva las denuncias de agresión y acoso sexual, aunque la acusadora no lo denuncie a la institución.
Los establecimientos de enseñanza que no cumplan con la instrucción pueden enfrentar una investigación y una suspensión de fondos federales. A mediados de marzo, dicha Oficina efectuaba 219 investigaciones en 173 universidades.
'Durante mucho tiempo no había proceso adecuado para las víctimas. A las víctimas se les decía que se fueran del establecimiento. A las víctimas se les aconsejaba darse de baja en el semestre', dijo Colby Bruno, del Centro Legal por los Derechos de las Víctimas. 'Ahora hay más decisiones contra los agresores. Sí, se responsabiliza a los agresores. Y esto va a molestar a algunos'.
Defensores de los acusados dicen que las universidades no están equipadas para manejar acusaciones tan serias. Algunos críticos opinan que las universidades ni siquiera deberían ver estos casos y que los crímenes sexuales deberían reportarse a la policía.
