El director de la Cámara de Transportistas Centroamericanos, Héctor Fajardo, dijo a periodistas que la ley los obliga a colocar un dispositivo reductor de velocidad, el cual a su juicio dañará los vehículos.
'Es una ley no funcional', afirmó Fajardo, tras indicar que unos 270,000 conductores apoyarían la medida, que no contempla un bloqueo de carreteras.
VEA: Seis muertos por tiroteo en cementerio de Guatemala
El Congreso aprobó la disposición de colocar el dispositivo a los camiones con capacidad de carga de 3.5 toneladas en adelante y los autobuses de más de 11 pasajeros para que no superen una velocidad de 80 kilómetros por hora.
Los vehículos que no cuenten con el dispositivo se exponen a multas de hasta 10 salarios mínimos.
Fajardo aseguró que el Estado no tiene capacidad de emitir los certificados, pero la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) afirmó que existen varias empresas autorizadas para instalar el dispositivo.
ADEMÁS: Guatemalteco arrestado en Maine porque hablaba español
El precio de instalación en cada aparato oscila entre 160 y 525 dólares, dependiendo el modelo del vehículo.
De acuerdo con el dirigente, el dispositivo que será instalado limita la potencia de los motores e implica otros riesgos en el resto del sistema porque 'altera el funcionamiento de un carro'.
