El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, confirmó las detenciones y dijo que el caso se remonta a la campaña política de 2011. En aquel entonces, el Banco de los Trabajadores --una entidad mixta-- a través de la entidad Estrategias e Inversiones ARCA, S.A. habría financiado parte de la campaña del Partido Patriota, que entonces postulaba a la presidencia al general Pérez Molina --quien ganó--, sin reportar los montos al Tribunal Supremo Electoral.
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Según la investigación, los acusados habrían formado la entidad Avanzando Al Progreso, S.A. como una empresa off shore que no realizó actividades comerciales. Por el contrario, se habría convertido en “un centro de recaudación paralelo que recibió aportaciones anónimas de varios financistas, que fueron canalizadas a través de la simulación de operaciones comerciales”, dijo la fiscalía en un comunicado de prensa. De acuerdo con esto, la entidad habría recolectado fondos destinados a la campaña sin ser registrados como lo establece la ley.
Por su parte, el banco dijo que desde 2017 han acompañado los procesos legales y que estaban colaborando con la investigación.
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El caso se deriva de otro proceso donde parte de los 25 involucrados también habrían participado en red que supuestamente estafó al banco por poco más de 3 millones de dólares. La entidad bancaria recibe fondos estatales y privados los cuales están sujetos a la fiscalización de autoridades.
Por el caso la fiscalía ha anunciado que presentará dos solicitudes de retiro de inmunidad de los diputados al Congreso, Haroldo Quej y Estuardo Galdámez -este último excandidato presidencial del partido oficial de gobierno- porque al momento de los hechos eran parte del partido político y habrían recibido el dinero para financiarlo ilícitamente.
El juez a cargo de la causa envió a una prisión a los detenidos, a quienes escuchará el lunes en su primera declaración, donde decidirá si permanecen en prisión o son liberados bajo alguna medida sustitutiva.
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