Los diputados guatemaltecos decidieron mantener los privilegios a funcionarios públicos al negarse a modificar la constitución en una reforma que pretendía cambiar esas prebendas.
Con solo 77 votos a favor, de 105 necesarios de los 158 parlamentarios, no fue posible aprobar la reforma que pretendía que los funcionarios que gozan del privilegio de antejuicio y que sean acusados de algún delito pudieran ser investigados por la fiscalía.
Decenas de ciudadanos dentro del hemiciclo parlamentario, gritaban '¡Corruptos!', y '¡Queremos 105 votos!', mientras los diputados votaron por no aprobar al menos tres artículos de las 25 reformas que con apoyo del gobierno presentaron el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Procuraduría de Derechos Humanos.
Las reformas fueron previamente discutidas y consensuadas con diferentes sectores indígenas y no indígenas de la población durante tres meses hasta presentarlas al Congreso.
Otra de las reformas que más sensibilidad generó fue la inclusión de la justicia indígena en la jurisdicción ordinaria del sistema de justicia del país, sin embargo solamente se obtuvo 103 votos de los 105 necesarios para su aprobación por lo que también quedó descartada.
La fiscal general Thelma Aldana dijo a periodistas que la reforma había sido 'un fracaso para la población guatemalteca porque al final lo que se pretende es que la población tenga una justicia pronta y cumplida... '.
Pablo Ceto, diputado al Parlamento Centroamericano y líder indígena, dijo que esto era una muestra clara del racismo de los diputados. 'La justicia indígena resuelve mucho más casos que el sistema judicial. El estado sigue negando a los pueblos indígenas sean parte del Estado', afirmó.
+Hallan campo de ejecuciones del narcotráfico
Las reformas constitucionales son el primer esfuerzo consensuado por cambiar el sistema de justicia del país luego de que 2015 y 2016 fueron años clave para la lucha contra la corrupción y el reforzamiento del sistema judicial. Durante este período la fiscalía y la Comisión, un órgano de Naciones Unidas, para luchar contra aparatos clandestinos y cuerpos de seguridad dentro del estado guatemalteco, desarticularon por lo menos 25 estructuras criminales incrustados en el estado que a través de actos de corrupción desfalcaron en millones de dólares las arcas fiscales.
La lucha contra la corrupción alcanzó incluso a los entonces presidente Otto Pérez Molina y vicepresidenta Roxana Baldetti quienes fueron acusados de millonarios actos de corrupción por los que tuvieron que renunciar a sus cargos y permanecen en prisión.
