La Paz, Bolivia
Una comisión legislativa emitió el jueves conclusiones divididas sobre un sonado escándalo de supuesta corrupción que involucra al presidente Evo Morales y a su expareja en contratos millonarios con una firma china.
Siete legisladores del partido gobernante que investigaron las denuncias concluyeron en su informe que 'no existe una sola prueba que evidencie uso indebido de influencias en contratos' con la firma china CAMC Engineering.
Sin embargo, cinco legisladores de oposición concluyeron en un informe de minoría que 'existen indicios de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado'.
La sesión maratónica de la comisión concluyó en la madrugada del jueves con un 'informe en mayoría'.
Los legisladores oficialistas cerraron la investigación sin haber convocado a los ejecutivos de la empresa china y han 'liberado de culpa' a Morales y a otros investigados, dijo el senador opositor Oscar Ortiz.
Pero el diputado oficialista Víctor Borda afirmó que 'no se encontró indicios de culpabilidad en el presidente Morales'.
El informe de los dos bandos no tiene efectos legales. El Movimiento al Socialismo (MAS) controla casi dos tercios de la Asamblea Nacional. Sin embargo, los opositores han puesto en duda la investigación que lleva adelante la Fiscalía y sospechan de presiones del gobierno.
Gabriela Zapata, 29 años, expareja de Morales está en prisión preventiva acusada de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. La mujer fue gerente comercial de CAMC sin poseer ningún título académico. La firma se adjudicó obras del gobierno por más 500 millones de dólares, que incluyen un ingenio azucarero y una planta de sales de potasio.
Otra funcionaria pública y un chofer también están en la cárcel bajo investigación. Ningún alto funcionario es investigado aunque Zapata aludió al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, brazo derecho de Morales.
El caso salió a luz días antes del referendo de febrero pasado cuando Morales, en el poder desde 2006, sufrió su primera derrota en las urnas en una consulta ciudadana para lo habría habilitarlo a postular a un cuarto mandato en 2019.
Una comisión legislativa emitió el jueves conclusiones divididas sobre un sonado escándalo de supuesta corrupción que involucra al presidente Evo Morales y a su expareja en contratos millonarios con una firma china.
Siete legisladores del partido gobernante que investigaron las denuncias concluyeron en su informe que 'no existe una sola prueba que evidencie uso indebido de influencias en contratos' con la firma china CAMC Engineering.
Sin embargo, cinco legisladores de oposición concluyeron en un informe de minoría que 'existen indicios de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado'.
La sesión maratónica de la comisión concluyó en la madrugada del jueves con un 'informe en mayoría'.
Los legisladores oficialistas cerraron la investigación sin haber convocado a los ejecutivos de la empresa china y han 'liberado de culpa' a Morales y a otros investigados, dijo el senador opositor Oscar Ortiz.
Pero el diputado oficialista Víctor Borda afirmó que 'no se encontró indicios de culpabilidad en el presidente Morales'.
El informe de los dos bandos no tiene efectos legales. El Movimiento al Socialismo (MAS) controla casi dos tercios de la Asamblea Nacional. Sin embargo, los opositores han puesto en duda la investigación que lleva adelante la Fiscalía y sospechan de presiones del gobierno.
Gabriela Zapata, 29 años, expareja de Morales está en prisión preventiva acusada de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. La mujer fue gerente comercial de CAMC sin poseer ningún título académico. La firma se adjudicó obras del gobierno por más 500 millones de dólares, que incluyen un ingenio azucarero y una planta de sales de potasio.
Otra funcionaria pública y un chofer también están en la cárcel bajo investigación. Ningún alto funcionario es investigado aunque Zapata aludió al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, brazo derecho de Morales.
El caso salió a luz días antes del referendo de febrero pasado cuando Morales, en el poder desde 2006, sufrió su primera derrota en las urnas en una consulta ciudadana para lo habría habilitarlo a postular a un cuarto mandato en 2019.
