El gobierno mexicano anunció este lunes recompensas de unos 108.000 dólares por pistas para encontrar a cada uno los 43 estudiantes desaparecidos hace más de tres semanas tras un ataque de policías y sicarios en Iguala (sur), mientras que los familiares expresaron escepticismo sobre la investigación.
El anuncio fue publicado en diarios de circulación nacional como El Universal y La Jornada, en un desplegado a doble página en el que también aparecen las fotografías en blanco y negro de todos los jóvenes.
'RECOMPENSA, hasta de 1,500,000 pesos mexicanos (poco más de 108.000 dólares) a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización, por cada uno de los 43 estudiantes', dice el desplegado.
El aviso ofrece otra recompensa por el mismo monto 'para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables' de la desaparición de estos alumnos de la escuela rural universitaria de Magisterio de Ayotzinapa, un poblado del convulso estado de Guerrero.
El gobierno aseguró que la información que se obtenga por este medio será 'estrictamente reservada y confidencial'.
Este mismo lunes, representantes de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos expresaron su escepticismo sobre las investigaciones tras sostener una reunión con el secretario de Gobernación (Ministerio del Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, y el fiscal general, Jesús Murillo Karam, en el aeropuerto de Acapulco, ciudad del estado de Guerrero al que también pertenece Iguala.
Familiares ven alejada la verdad
'No creemos en los resultados (de las investigaciones) hasta ahorita porque no hay nada que nos acerque a la verdad, y los jóvenes siguen desaparecidos. Hoy tratamos de confiar en el gobierno federal pero los resultados no nos satisfacen', dijo a la prensa Felipe de la Cruz, familiar de uno de los estudiantes.
En la reunión en el hangar privado de esa terminal aérea, Osorio Chong y Murillo Karam 'nos explicaron las detenciones que habían hecho, las líneas de investigación que había del caso (pero) eso no es de gran importancia. No nos deja conformes', manifestó a su vez David García, representante de la sociedad estudiantil de Ayotzinapa.
Vidulfo Rosales, asesor legal de los familiares, reveló por su parte que el secretario de Gobernación y el fiscal les dijeron que una de las líneas de investigación es la posible estigmatización de los estudiantes de esa escuela entre varios sectores de Guerrero a raíz de las movilizaciones que han emprendido durante años para exigir mejores condiciones para su gremio.
Autoridades locales infiltradas
Los estudiantes están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre, cuando fueron atacados a tiros por sicarios del cártel local Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala, adonde se habían trasladado para recaudar fondos.
El gobierno ha desplegado en la zona más de 900 elementos de la policía federal además de 350 militares, y sigue en la búsqueda de posibles responsables del crimen, como el entonces alcalde de Iguala -ahora revocado del cargo- y su esposa.
El domingo, el gobierno federal asumió además la seguridad de 13 municipios de Guerrero.
En instituciones de esos municipios, 'hay, de acuerdo a las investigaciones, evidencias de infiltración del crimen organizado', dijo este lunes el presidente Enrique Peña Nieto durante un discurso pronunciado en el estado de Veracruz (este) con motivo de un programa de asistencia social.
La angustiosa espera ha despertado la rabia de familiares y compañeros, que casi a diario encabezan protestas.
La madrugada del lunes, jóvenes encapuchados irrumpieron en instalaciones del gobierno de Guerrero en la capital estatal, Chilpancingo, quemando computadoras y archivos y realizando pintadas que exigen que los estudiantes sean hallados 'vivos'.
A raíz de declaraciones de detenidos, entre ellos 17 presuntos miembros de Guerreros Unidos y 36 policías de Iguala y la vecina Cocula, las autoridades han hallado varias fosas clandestinas con un número indeterminado de cadáveres, algunos desmembrados y carbonizados, donde se teme que pudieron ser enterrados los estudiantes.
La Fiscalía general ha realizado pruebas de ADN a los primeros 28 cadáveres exhumados y asegura que ninguno de ellos corresponde a los estudiantes.
Sin embargo, el sacerdote y reconocido defensor de los derechos humanos Alejandro Solalinde aseguró la mañana de este lunes en entrevista con MVS Radio que varios testigos le confesaron que 'todos' los estudiantes fueron asesinados, algunos de ellos quemados vivos. Por la tarde aseguró que la Fiscalía no accedió a recibir de forma oficial dicha declaración.
