Amnistía Internacional (AI) denunció el jueves la inoperancia de las autoridades mexicanas en el mejoramiento de la seguridad de los migrantes que cruzan por México hacia Estados Unidos, en tercer aniversario de la masacre de 72 indocumentados en el estado de Tamaulipas.
“Las autoridades continúan sin cumplir su compromiso de tomar medidas para garantizar la seguridad de las personas migrantes a su paso por México”, afirmó Amnistía en un comunicado en el que lamentó que el actual gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI), que tomó posesión en diciembre, no haya detallado qué acciones emprenderá.
La matanza, considerada la más cruenta contra migrantes en México, ocurrió entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 en un rancho del municipio de San Fernando (Tamaulipas), a 160 km al sur de la frontera con Estados Unidos, donde fueron asesinados a sangre fría 72 migrantes. Veinticuatro de las víctimas de esta tragedia eran hondureñas, otros 14 salvadoreños, 12 guatemaltecos, 4 ecuatorianos y 4 brasileños.
Sobre los motivos de la masacre, la fiscalía da crédito a la declaración de un sobreviviente ecuatoriano, quien dijo que los secuestradores se identificaron como integrantes del cártel narcotraficante Los Zetas y que después les dispararon porque las familias no pagaron los rescates y ellos se negaron a ser reclutados.
Algunos detenidos
Por el caso fueron detenidas una treintena de personas, entre ellas un exmilitar y 16 policías locales. La autoría intelectual de la masacre se le atribuye al entonces número dos de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño “Z-40”, detenido en julio cuando era el líder de la organización. “A pesar de la detención de varios presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia”, subrayó Amnistía.
El fiscal general mexicano, Jesús Murillo Karam, firmó ayer con familiares y organizaciones de protección a migrantes un convenio para crear una comisión forense que concluya la identificación de cadáveres de esta masacre así como de los 193 migrantes que aparecieron en fosas en 2011,también en San Fernando, y de otros 49 localizados en el municipio Cadereyta (norte) en 2012.
El fiscal se comprometió a hacer todo “lo humanamente posible” para hacer frente a este problema “tan intenso”. “Es un buen inicio, pero no queremos que se quede en papeles y en una firma, sino en hechos”, manifestó Ángela Juárez, de la organización Grupo San Luis de la Paz, Justicia y Esperanza.
Según las autoridades mexicanas, unos 140,000 extranjeros tratan de cruzar anualmente por México hacia Estados Unidos y en la ruta muchos son víctimas de robos, violaciones, secuestros e incluso asesinatos por parte de bandas criminales, así como de abusos de autoridades migratorias.
Tribunal internacional
Hoy, más de 30 organizaciones que defienden los derechos humanos y otras organizaciones piden someter a un juicio internacional a los gobiernos de México, Estados Unidos y los de los países de origen de los migrantes.
De acuerdo a lo que publicó el sitio web Aristegui Noticias, las organizaciones a favor de los derechos humanos, académicos, universidades mexicanas y extranjeras encabezarán una “preaudiencia” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en donde podrían sentarse las bases para establecer el juicio internacional.
Dicha “preaudiencia”, informa el medio, comenzará el lunes 19. En ella presentarán su testimonio los familiares de las víctimas, así como defensores de migrantes que operan en las entidades mexicanas de Oaxaca, Coahuila, Tabasco, Veracruz y Tlaxcala, citó el medio al doctor en Derecho Camilo Pérez Bustillo.
