BRUSELAS, BÉLGICA
España cuestiona que la justicia belga pueda tratar la demanda interpuesta por cinco políticos catalanes, entre ellos el ex presidente regional Carles Puigdemont, contra el juez español que instruye la causa independentista, anunció este martes su abogado en la primera vista celebrada en Bruselas.
'El Reino de España y el juez [Pablo] Llarena contestan la jurisdicción de las cortes y tribunales belgas', indicó el letrado de ambos Hakim Boularbah, al salir de la vista celebrada ante el tribunal de primera instancia francófono de Bruselas.
Durante la corta audiencia, de unos 10 minutos de duración, la juez aceptó posponerla al 25 de septiembre a petición de la defensa 'para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y la de su órgano y el juez Llarena', explicó Boularbah.
Puigdemont y cuatro miembros de su ex gobierno, que se marcharon en octubre a Bélgica para esquivar las acciones judiciales en España a raíz de una fallida declaración de independencia de Cataluña, denunciaron al juez del Tribunal Supremo español al considerar que vulneró sus derechos.
En concreto, según su abogado Christophe Marchand, Llarena se pronunció en febrero en un acto público sobre la causa que instruye. 'Declaró que consideraba que nuestros clientes no eran presos políticos (...) El juez no debía prejuzgar, dar su opinión sobre esta cuestión', agregó.
Además de abordar la 'personación de España', en palabras de otro de los abogados de la acusación, Gonzalo Boye, la próxima vista también servirá para fijar la agenda de las siguientes audiencias. 'Es una agenda que va a ser larga', avanzó.
Gonzalo Boye, para quien el hecho de cuestionar la jurisdicción belga es la 'única línea de defensa que les queda' a España y a Llarena, precisó que revisaron las traducciones de la demanda, después de detectar algunos errores.
Dos ex consejeros del gobierno regional - Toni Comín y Lluís Puig-, quienes reclaman un euro simbólico por daños y perjuicios junto a los otros tres demandantes, estuvieron presentes en la vista, a la que no acudió el juez Pablo Llarena ni Puigdemont, constató un periodista de la AFP.
España cuestiona que la justicia belga pueda tratar la demanda interpuesta por cinco políticos catalanes, entre ellos el ex presidente regional Carles Puigdemont, contra el juez español que instruye la causa independentista, anunció este martes su abogado en la primera vista celebrada en Bruselas.
'El Reino de España y el juez [Pablo] Llarena contestan la jurisdicción de las cortes y tribunales belgas', indicó el letrado de ambos Hakim Boularbah, al salir de la vista celebrada ante el tribunal de primera instancia francófono de Bruselas.
Durante la corta audiencia, de unos 10 minutos de duración, la juez aceptó posponerla al 25 de septiembre a petición de la defensa 'para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y la de su órgano y el juez Llarena', explicó Boularbah.
Puigdemont y cuatro miembros de su ex gobierno, que se marcharon en octubre a Bélgica para esquivar las acciones judiciales en España a raíz de una fallida declaración de independencia de Cataluña, denunciaron al juez del Tribunal Supremo español al considerar que vulneró sus derechos.
En concreto, según su abogado Christophe Marchand, Llarena se pronunció en febrero en un acto público sobre la causa que instruye. 'Declaró que consideraba que nuestros clientes no eran presos políticos (...) El juez no debía prejuzgar, dar su opinión sobre esta cuestión', agregó.
Además de abordar la 'personación de España', en palabras de otro de los abogados de la acusación, Gonzalo Boye, la próxima vista también servirá para fijar la agenda de las siguientes audiencias. 'Es una agenda que va a ser larga', avanzó.
Gonzalo Boye, para quien el hecho de cuestionar la jurisdicción belga es la 'única línea de defensa que les queda' a España y a Llarena, precisó que revisaron las traducciones de la demanda, después de detectar algunos errores.
Dos ex consejeros del gobierno regional - Toni Comín y Lluís Puig-, quienes reclaman un euro simbólico por daños y perjuicios junto a los otros tres demandantes, estuvieron presentes en la vista, a la que no acudió el juez Pablo Llarena ni Puigdemont, constató un periodista de la AFP.
