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Salvadoreños piden fin de impunidad en el asesinato de monseñor Arnulfo Romero

Por denunciar la injusticia social y la represión militar, al anochecer del 24 de marzo de 1980, Romero, fue asesinado por un francotirador a quien la ultraderecha le pagó 1,000 colones

24.03.2018

San Salvador, El Salvador
Centenares de salvadoreños demandaron este sábado el fin de la impunidad que rodea el asesinato del beato Óscar Arnulfo Romero, cometido por la ultraderecha el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa.

'38° aniversario de su martirio sus asesinos siguen sin ser juzgados', consignaba una gigantesca y colorida pancarta que encabezó una peregrinación que salió de la capilla del hospital La Divina Providencia, en el sector norte de San Salvador donde cayó abatido el venerado pastor.

José Antonio Ángel, un peregrino de 64 años, con un camiseta blanca con la estampa de Romero cree que 'debe haber juicio y castigo porque el asesinato de monseñor Romero es un crimen que tiene que ser juzgado'.

Tras recordar que en vida monseñor Romero llegaba a la vecina ciudad de Soyapango, Ángel advierte que el nuevo aniversario del magnicidio 'encuentra a los asesinos siempre manchados de sangre' y al pastor honrado desde el 23 de mayo de 2015 cuando fue beatificado, pero además 'en camino a los altares' por su próxima canonización.

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'A 38 años de su martirio su voz sigue siendo la voz ante la injusticia que tenemos en el sistema economico y social en el país', exclamó por su parte Erika Deleón, una peregrina de 42 años que sostenía en sus manos un ramo de flores y palmas.

Por denunciar la injusticia social y la represión militar, al anochecer del 24 de marzo de 1980, Romero, fue asesinado por un francotirador a quien la ultraderecha le pagó 1,000 colones (400 dólares de la época).

Su crimen permanece en la impunidad porque la justicia salvadoreña controlada por la derecha nunca lo investigó. El primer juez que intentó investigar el crimen fue amenazado de muerte y se fue al exilio.

Una comisión de la verdad creada por la ONU concluyó en 1993 que 'existe plena evidencia' de que el mayor Roberto D'Aubuisson, fundador de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, fallecido en febrero de 1992, fue quien 'dio la orden de asesinar al arzobispo'.