Bogotá, Colombia
Alrededor de 2.200 personas han sido desplazadas en Colombia por los enfrentamientos que libran desde hace tres meses grupos armados ilegales, incluidos rebeldes del Ejército de Liberación Nacional, denunció este miércoles la Defensoría del Pueblo (ombudsman).
El organismo declaró la 'emergencia humanitaria' en los municipios de Ituango, Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia en Antioquia (noroeste), así como en San José de Uré, en el vecino departamento de Córdoba.
'Se han identificado 732 familias -2.192 personas- desplazadas desde el 18 de enero al 9 de marzo', indicó la Defensoría en un comunicado.
Asimismo, señaló un aumento de homicidios en esas regiones en disputa, donde varias comunidades campesinas e indígenas permanecen confinadas por temor a los combates.
Los choques involucran principalmente a grupos surgidos de la desmovilización de las A utodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Esas bandas -que antes combatían a muerte a las guerrillas izquierdistas pero que según el gobierno ahora se dedican al narcotráfico y la minería ilegal- se disputan el control de zonas estratégicas para esas actividades.
Según la Defensoría, que vigila el cumplimiento de los derechos humanos, en los enfrentamientos también han tomado parte el Ej ército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC, la poderosa guerrilla que se desarmó en el marco de un acuerdo de paz.
'Se observa el fortalecimiento del ELN en Cáceres y Tarazá, así como la presencia de una disidencia del Frente 36 de las FARC en Ituango', agregó el informe.
El gobierno dialoga con el ELN para llegar a un acuerdo de paz similar al que firmó en 2016 con las FARC, convertidas ahora en partido político.
No obstante, las autoridades estiman que al menos 1.200 guerrilleros de las F uerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dieron la espalda al proceso y persisten en la vía armada.
El 18 de febrero la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ya había alertado sobre desplazamientos y homicidios en Cáceres.
Le puede interesar: Congreso de EEUU llega a un acuerdo para no cerrar gobierno
Alrededor de 2.200 personas han sido desplazadas en Colombia por los enfrentamientos que libran desde hace tres meses grupos armados ilegales, incluidos rebeldes del Ejército de Liberación Nacional, denunció este miércoles la Defensoría del Pueblo (ombudsman).
El organismo declaró la 'emergencia humanitaria' en los municipios de Ituango, Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia en Antioquia (noroeste), así como en San José de Uré, en el vecino departamento de Córdoba.
'Se han identificado 732 familias -2.192 personas- desplazadas desde el 18 de enero al 9 de marzo', indicó la Defensoría en un comunicado.
Asimismo, señaló un aumento de homicidios en esas regiones en disputa, donde varias comunidades campesinas e indígenas permanecen confinadas por temor a los combates.
Los choques involucran principalmente a grupos surgidos de la desmovilización de las A utodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Esas bandas -que antes combatían a muerte a las guerrillas izquierdistas pero que según el gobierno ahora se dedican al narcotráfico y la minería ilegal- se disputan el control de zonas estratégicas para esas actividades.
Según la Defensoría, que vigila el cumplimiento de los derechos humanos, en los enfrentamientos también han tomado parte el Ej ército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC, la poderosa guerrilla que se desarmó en el marco de un acuerdo de paz.
'Se observa el fortalecimiento del ELN en Cáceres y Tarazá, así como la presencia de una disidencia del Frente 36 de las FARC en Ituango', agregó el informe.
El gobierno dialoga con el ELN para llegar a un acuerdo de paz similar al que firmó en 2016 con las FARC, convertidas ahora en partido político.
No obstante, las autoridades estiman que al menos 1.200 guerrilleros de las F uerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dieron la espalda al proceso y persisten en la vía armada.
El 18 de febrero la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ya había alertado sobre desplazamientos y homicidios en Cáceres.
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