Barcelona, España
El Tribunal Constitucional de España sentenció el martes que el referendo independentista de Cataluña fue ilegal porque la ley regional que lo convocó era anticonstitucional.
El Parlamento catalán sancionó la llamada “ley del referendo de autodeterminación” a principios de septiembre, y las autoridades convocaron la consulta para el 1 de octubre para decidir si la región debía separarse de España. Según las autoridades catalanas, ganó el “sí” y el resultado les dio mandato para declarar la independencia.
El tribunal había suspendido provisoriamente la ley mientras los jueces evaluaban la objeción del gobierno español. En su fallo del martes, la corte dijo que la ley fue contraria a la soberanía nacional y la “unidad indisoluble de la nación española”.
El tribunal también dijo que la sesión parlamentaria que aprobó la ley fue igualmente anticonstitucional. El fallo no causó sorpresa, ya que Madrid había dicho reiteradamente que la votación era ilegal.
Armado con el fallo, el gobierno conservador del presidente Mariano Rajoy se encuentra en una posición más fuerte para despojar a Cataluña total o parcialmente de su autonomía. Rajoy dio plazo a los secesionistas hasta el jueves para retractarse de sus pretensiones de independencia.
La sentencia no causó sorpresa, ya que Madrid había insistido que la votación era ilegal. Pero el Congreso catalán sancionó la llamada “ley del referendo de autodeterminación” a principios de septiembre, y las autoridades convocaron la consulta para el 1 de octubre para decidir si la región debía separarse de España. Según las autoridades catalanas, ganó el “sí” y el resultado les dio mandato para declarar la independencia.
A pesar de la sentencia, los partidarios de la secesión no dieron señales de retractarse. Han calificado al gobierno central de represivo.
“Enfrentamos un poder ejecutivo en el estado que usa la rama judicial para bloquear al legislativo”, dijo el vocero del gobierno catalán, Jordi Turull.
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El presidente catalán Carles Puigdemont hizo una declaración ambigua la semana pasada sobre la base de los resultados del referendo del 1 de octubre: dijo que tenía mandato para declarar la independencia, pero suspendería su aplicación para dar tiempo para estudiar la situación y mantener conversaciones.
España dice que no puede haber diálogo mientras la independencia siga sobre la mesa porque la única manera legal de obtener la secesión es mediante una reforma constitucional que obtenga una amplia mayoría en el Congreso.
Una juez en Madrid ordenó el lunes prisión provisional contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de los grupos de bases Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural.
La magistrada determinó que eran los organizadores de las manifestaciones masivas del 20 y 21 de septiembre en Barcelona, que dificultaron una operación policial contra los preparativos del referendo de independencia del 1 de octubre.
Agusti Alcoberro, quien sustituye a Sánchez al frente de la Assemblea Nacional Catalana, dijo que habrá protestas pacíficas contra lo que llamó las medidas represivas del gobierno central.
“Ningún estado moderno en el siglo XXI puede sobrevivir si basa su legitimidad en la subyugación política y en dominar a parte de su población con la policía y las fuerzas armadas”, dijo Alcoberro a The Associated Press. “Eso es suicida y alguien debería explicárselo al gobierno español”.
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El Tribunal Constitucional de España sentenció el martes que el referendo independentista de Cataluña fue ilegal porque la ley regional que lo convocó era anticonstitucional.
El Parlamento catalán sancionó la llamada “ley del referendo de autodeterminación” a principios de septiembre, y las autoridades convocaron la consulta para el 1 de octubre para decidir si la región debía separarse de España. Según las autoridades catalanas, ganó el “sí” y el resultado les dio mandato para declarar la independencia.
El tribunal había suspendido provisoriamente la ley mientras los jueces evaluaban la objeción del gobierno español. En su fallo del martes, la corte dijo que la ley fue contraria a la soberanía nacional y la “unidad indisoluble de la nación española”.
El tribunal también dijo que la sesión parlamentaria que aprobó la ley fue igualmente anticonstitucional. El fallo no causó sorpresa, ya que Madrid había dicho reiteradamente que la votación era ilegal.
Armado con el fallo, el gobierno conservador del presidente Mariano Rajoy se encuentra en una posición más fuerte para despojar a Cataluña total o parcialmente de su autonomía. Rajoy dio plazo a los secesionistas hasta el jueves para retractarse de sus pretensiones de independencia.
La sentencia no causó sorpresa, ya que Madrid había insistido que la votación era ilegal. Pero el Congreso catalán sancionó la llamada “ley del referendo de autodeterminación” a principios de septiembre, y las autoridades convocaron la consulta para el 1 de octubre para decidir si la región debía separarse de España. Según las autoridades catalanas, ganó el “sí” y el resultado les dio mandato para declarar la independencia.
A pesar de la sentencia, los partidarios de la secesión no dieron señales de retractarse. Han calificado al gobierno central de represivo.
“Enfrentamos un poder ejecutivo en el estado que usa la rama judicial para bloquear al legislativo”, dijo el vocero del gobierno catalán, Jordi Turull.
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El presidente catalán Carles Puigdemont hizo una declaración ambigua la semana pasada sobre la base de los resultados del referendo del 1 de octubre: dijo que tenía mandato para declarar la independencia, pero suspendería su aplicación para dar tiempo para estudiar la situación y mantener conversaciones.
España dice que no puede haber diálogo mientras la independencia siga sobre la mesa porque la única manera legal de obtener la secesión es mediante una reforma constitucional que obtenga una amplia mayoría en el Congreso.
Una juez en Madrid ordenó el lunes prisión provisional contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de los grupos de bases Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural.
La magistrada determinó que eran los organizadores de las manifestaciones masivas del 20 y 21 de septiembre en Barcelona, que dificultaron una operación policial contra los preparativos del referendo de independencia del 1 de octubre.
Agusti Alcoberro, quien sustituye a Sánchez al frente de la Assemblea Nacional Catalana, dijo que habrá protestas pacíficas contra lo que llamó las medidas represivas del gobierno central.
“Ningún estado moderno en el siglo XXI puede sobrevivir si basa su legitimidad en la subyugación política y en dominar a parte de su población con la policía y las fuerzas armadas”, dijo Alcoberro a The Associated Press. “Eso es suicida y alguien debería explicárselo al gobierno español”.
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