Tegucigalpa, Honduras
No solo se investigan delitos penales en la compra de 100 cámaras de vigilancia por parte de la municipalidad de La Ceiba.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició una auditoría para confirmar responsabilidades civiles o administrativas.
El pasado miércoles, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) divulgó una investigación realizada por ellos sobre un contrato suscrito entre la Sociedad Comunicaciones Globales D, de C. V., a través de su propietario, Alejandro Carbajal Lizano, y la corporación municipal de La Ceiba, por medio del alcalde Carlos Alejandro Aguilar Ponce.
Dicho contrato se suscribió el 20 de marzo de 2012, con el objeto de prestación de servicio, venta, instalación y puesta en marcha del proyecto de Seguridad Ciudadana, Video de Vigilancia IP y Centro de Monitoreo, por la cantidad de 12 millones de lempiras. El acuerdo estableció la compra e instalación de 55 cámaras de video de seguridad IP nuevas y 45 cámaras falsas o señuelo, más un centro de monitoreo y software.
Según el CNA, se detectó una sobrevaloración del contrato en un 62 por ciento, fijando un daño ocasionado a la ciudad de La Ceiba en 7.4 millones de lempiras. Igualmente, cuestionó que el proyecto de vigilancia se encuentra en abandono.
Este caso es investigado por la Fiscalía Regional de La Ceiba para confirmar si existe responsabilidad penal.
Indaga los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles y fraude.
Otras responsabilidades
Por su parte, el TSC constatará si existen indicios suficientes para que se repare el daño causado a la comuna ceibeña.
Desde el pasado 12 de julio una comisión auditora del TSC se encuentra en la municipalidad de La Ceiba, informó a EL HERALDO una fuente oficial del TSC. Llegó con el propósito de investigar la gestión general de dicha alcaldía, que ya estaba programada realizarse en un período de cuatro meses.
De acuerdo a la planificación, se audita el período comprendido del 1 de enero de enero de 2010 al 31 de mayo de 2014.
En vista que surgió la denuncia pública del CNA, las autoridades del ente contralor giraron instrucciones a los auditores para que incluyan la compra de las 100 cámaras.
Precisamente, el contrato para la compra de las cámaras se suscribió 20 de marzo de 2012, dentro del período a auditar. Se instruyó a los auditores enfocarse en esta denuncia, informó.
Para ello se pedirá la base documental que tiene la alcaldía relacionada a la ejecución del proyecto. Entre ellas, invitación y bases de licitación, ofertas, contrato suscrito con sus especificaciones, facturas y recibos, entre otras.
Asimismo, toma de declaraciones juradas a miembros de la corporación municipal de La Ceiba y representantes de Sociedad Comunicaciones Globales D.
Luego de realizar el trabajo de campo los auditores elaborarán un informe que se entregará a las autoridades del TSC.
Una vez revisada la auditoría, los magistrados del TSC podrán notificar un informe que implique la deducción de responsabilidades civiles o administrativas, o simplemente recomendaciones. Las civiles involucran la reparación del daño causado, si las hubiere; las administrativas conciernen a errores de procedimiento que implica el pago de una multa de 5,000 al millón de lempiras.
Incendio
Alguna evidencia documental sobre la ejecución del proyecto de Seguridad Ciudadana, Video de Vigilancia IP y Centro de Monitoreo en La Ceiba se convirtió en cenizas.
Recientemente, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) solicitó a la alcaldía de La Ceiba alguna información relacionada sobre este caso. Sin embargo, la respuesta que se recibió fue que el pasado 12 de febrero se quemó la bodega de la alcaldía calcinando documentación requerida, lamentó el jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, Dagoberto Aspra. No obstante, dijo que cuenta con evidencia suficiente para acreditar la irregularidad. Aclaró que el papel investigativo del CNA es objetiva, sin fines de personales ni políticos.
Pac investigado por “camarazo”
El Partido Anticorrupción (Pac) admitió, mediante comunicado, que Alejandro Carbajal Lizano, miembro de la empresa Sociedad Comunicaciones Globales D, es miembro de ese instituto político. “Efectivamente, el ciudadano Alejandro Carbajal Lizano fue candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán”.
El Pac asegura que la designación de los candidatos a cargo de elección por parte del Pac del ciudadano se basaron en la “presunción de buena fe e información disponible de los candidatos”.
En el tercer punto, afirman que la actuación de Alejandro Carbajal Lizano es un acto personal de índole mercantil y es responsable tanto por sus actos personales así como de representante de la sociedad.
