Organizaciones de la Sociedad Civil y de los Derechos Humanos instaron este miércoles al Congreso Nacional de Honduras a aprobar la Ley de Protección para los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Los representantes de dichos grupos llamaron al Poder Legislativo a incorporar los aportes hechos para enriquecer y garantizar la efectividad del proyecto, encaminado a proteger la vida de los profesionales del derecho, comunicación y defensa de los derechos humanos.
La ley pasó el 6 de agosto anterior el segundo debate en el Hemiciclo, luego de aprobar una primera discusión en junio.
Esta regulación establece que toda autoridad civil, policial y militar está obligada a proporcionar la información de forma expedita y brindar toda la colaboración requerida por parte de las diversas instancias encargadas del cumplimiento de la misma.
Además crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
Sin embargo, hace solo unos días, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que el proyecto presenta debilidades que pueden hacerlo 'ineficaz'.
En un análisis del documento, el encargado de libertad de expresión de la SIP, el uruguayo Claudio Paolillo, manifestó que la ley 'deja fuera aspectos que podrían convertirla en una norma difícil de operar e ineficaz'.
'Nuestra mayor preocupación es que pueda terminar como la ley mexicana que tras dos años en vigencia y sin presupuesto adecuado, no ha logrado constituirse como un verdadero organismo que cumpla con ofrecer seguridad a reporteros y medios amenazado', añadió entonces.
Datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos indican que los abogados, policías, periodistas, conductores de taxi, autobuses, y recientemente de las mototaxis, así como a los guardias de seguridad, son las profesiones y oficios de mayor riesgo en Honduras.
