De al menos 100 lempiras en efectivo deberá disponer cualquier conductor de vehículo liviano o ligero que pretenda recorrer el corredor turístico, en la zona norte de Honduras, y el corredor logístico que va desde Tegucigalpa, o Goascorán, en Valle, hasta Puerto Cortés.
El Congreso Nacional aprobó ayer la concesión de estas carreteras, la mayor parte en pleno funcionamiento, con el objetivo de que empresas privadas las amplíen a cuatro carriles y les den mantenimiento por 20 años al corredor logístico y 30 al turístico.La aprobación de dichos contratos generó controversias y oposición en el Congreso, pero no fue suficiente para aprobarlos.
Los diputados opositores no discutieron la necesidad de buenas carreteras, sino el exagerado cobro, más cuando la mayoría de las carreteras ya están habilitadas.
Los proyectos fueron licitados y firmados por Coalianza y estarán funcionando dentro de dos años; la justificación del incremento es que, al tener carreteras en buenas condiciones, los conductores tendrán un ahorro superior al pago del peaje porque usarán menos combustible.
El corredor turístico comprende los tramos de El Progreso-Tela, San Pedro Sula-El Progreso y La Barca-El Progreso, con una longitud de 122.60 kilómetros, además de 90 kilómetros de reparación de la carretera de Tela a La Ceiba. Generarán 13 mil empleos directos e indirectos.Estos tramos serán de cuatro carriles y el costo será de 128 millones de dólares.
Su tiempo de explotación será de 30 años. El pago de impuestos de la concesionaria al Gobierno será de 963,231,277 lempiras.
Peajes
En cada una de las siete casetas de peaje que se construyan en los dos corredores el cobro será igual.
Un vehículo liviano pagará 80 centavos de dólar, es decir 16 lempiras; los automotores de dos ejes, como los camiones, pagarán 1.60 dólares por eje, es decir 3.20 dólares, que convertidos a lempiras serán 64 lempiras.
Entre tanto, las rastras o furgones, que tienen 5 ejes, pagarán 8 dólares, es decir 160 lempiras.El corredor logístico comprende desde Goascorán, en Valle-Villa de San Antonio, Tegucigalpa-Villa de San Antonio-San Pedro Sula-Puerto Cortés. Tiene 391.81 kilómetros de longitud. Generará en impuestos al fisco 43.4 millones de dólares y casi 12 mil puestos de trabajo directos e indirectos.
La discusión de estos contratos contenidos en un solo proyecto de ley comenzó la noche del pasado martes, pero fueron aprobados hasta ayer por la mañana.
Marvin Ponce, diputado de Unificación Democrática, opina que los costos por el peaje son muy elevados, pero Coalianza asegura que el conductor tendrá un ahorro en combustible y mantenimiento de su vehículo por el buen estado de las carreteras.
“Muchos tenemos reservas sobre esos contratos y por eso votamos en contra. Nos parece que los costos son muy elevados y no es correcto que una carretera recién construida a la que no se le dará mantenimiento por 5 y 6 años por la calidad de la misma se cobre desde el inicio cuando no invertirán en su mantenimiento”.
Aclaró que los pasajeros de buses tendrán que pagar más porque los dueños de las unidades sacarán ese peaje de los boletos.
“Prácticamente el Estado se quita el costo de mantener carreteras que le corresponde por el cobro del impuesto al combustible y ahora no quiere gastar nada y se lo traslada a un privado, lo que nos deja a las puertas de una privatización de las carreteras”.
El pinuista German Leitzelar, que también votó en contra, justificó que faltaba información en cuanto a la cantidad de circulación de vehículos por la zona para saber si ajustará para pagar los proyectos.
Además no se proyectó presupuesto para pagar las expropiaciones y porque puentes en el sector norte que están licitados quedan dentro de este proyecto y no se sabe qué pasará.“Nos preocupa no el proyecto, sino la forma en que se aprueba.
Podría ser un fracaso porque hay grandes impactos tributarios.
Lo ideal habría sido aprobarlo con el Presupuesto para garantizar que no hubiera ese impacto fiscal”, manifestó.
El diputado liberal Wenceslao Lara no detalló tanto los contratos sino la forma, es decir que a su juicio es ilegal porque el mismo fue firmado por el ministro de Soptravi, Miguel Ángel Gámez, cuando debió hacerlo el representante de Coalianza, de acuerdo con la ley.
