¿En qué consiste la nueva ley antiinmigrante de Texas?

Estados Unidos
La reciente ley antiinmigrante aprobada en Texas, Estados Unidos, ha disparado las alertas entre la comunidad latina indocumentada.

La ley SB4, firmada el pasado domingo por el gobernador Greg Abbott, no solo prohíbe las 'ciudades santuarios' -lugares con legislación suave para los inmigrantes-, sino que además otorga facultades a la Policía de este estado para que solicite documentos legales a cualquier ciudadano que considere necesario, lo que se conoce como 'enséñame los papeles'.

Puertas a una cacería de indocumentados
Las autoridades locales ya no pueden impedir que sus funcionarios indaguen a los ciudadanos sobre su estatus migratorio o, peor aún, que esta información sea compartida con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), según un reportaje de Univisión.

La ley da la facultad a los agentes de inmigración para que ingresen a los campus de las universidades y puedan pedir documentos a sus estudiantes, punto que tiene realmente alarmados a los padres de familia, ya que temen por la situación de sus hijos.

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En cuanto a las cárceles, la ley las obliga a cumplir las solicitudes que envíe ICE para mantener a los reclusos detenidos por más de las 48 horas, tiempo establecido por la ley.

90 mil hondureños viven en Texas.

De igual forma la legislación daría cargos penales a los jefes de policías que no quieran colaborar con ICE. La primera infracción le costaría al menos 1,000 dólares y cada ofensa posterior sería sujeta a multas de entre 25,000 y 25,500 dólares.

Jorge Rivera, miembro de la organización Hondureños Unidos en Dallas, Texas, dijo que esta nueva regulación provocará un desplazamientos de catrachos sin papeles a otros estados.

Según proyecciones de activistas, Texas alberga unos 90 mil hondureños, entre naturalizados, con visa de estudiantes o trabajo, residencia permanente o en busca de asilo.

El otro lado de la moneda
La ley 'premiará' a los que sí cooperan con las ordenes de ICE, creando un programa de fondos para ayudar a las jurisdicciones a cubrir los gastos generados por la retención de los inmigrantes en la cárcel, cuando la agencia de Inmigración se los pida.

También se aprobó que el fiscal general de Texas tenga la obligación de brindar ayuda legal a cualquier agencia que sea demandad por haber cumplido de detención de ICE.

Esta nueva ley entrará en vigor a partir de 1 de septiembre de este 2017, pero el gobernador pidió a través de un video publicado en Facebook a los agentes policiales que empiecen a acatar la nueva orden.