La defensa de los funcionarios de Hondutel, señalados de recibir millonarios sobornos de una empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos, tiene un trabajo cuesta arriba. Al menos así se entiende por los detalles que el expediente judicial señala en este escándalo de corrupción que salpica a dos ex gerentes y otros funcionarios.
La empresa Latinode confesó en abril pasado ante una corte federal de Florida que había dado sobornos por el orden de los 1.09 millones de dólares (casi 22 millones de lempiras) a funcionarios de la estatal de telecomunicaciones.
En aquel momento, los sobornados fueron identificados como funcionarios A, B y C, pero tras el escándalo la Fiscalía hondureña procedió a realizar una investigación para identificar a las personas que recibieron esos recursos.
De acuerdo a los documentos de la corte de Florida, Latinode proveía servicios de telecomunicaciones utilizando la tecnología de Internet Protocol (IP) de diferentes países, incluyendo Honduras y Yemen.
En documentos sometidos a la corte, Latinode admitió que de marzo de 2004 a junio de 2007 canceló aproximadamente $1,099,889 en pagos a terceros, sabiendo que estos fondos serían utilizados como sobornos para los funcionarios de Hondutel, la empresa hondureña de telecomunicaciones.
Latinode aceptó que realizó estos pagos a cambio de obtener un acuerdo de interconexión con Hondutel, así como de obtener tarifas reducidas por minuto bajo este acuerdo. De acuerdo a los documentos de la corte, cada uno de estos pagos fue realizado de la cuenta bancaria de Latinode en Miami, y cada pago fue aprobado por ejecutivos de alto rango de Latinode.
Los destinatarios de estos pagos incluyeron, pero no se limitaron a esto, un miembro del Comité de Evaluación responsable de otorgarle a Hondutel acuerdos de interconexión, el subdirector (quien posteriormente ocupó el puesto de gerente) de Hondutel y un abogado de alto rango de Hondutel”.
La fiscalía acusó en los tribunales a cuatro personas ligadas a Hondutel y, según consta en el expediente de este caso, los que recibieron dinero o están involucrados en irregularidades son: Marcelo Chimirri (guarda prisión en el reclusorio de Támara), Hernán Jacobo Lagos y Jorge Rosa Zelaya, todos ex gerentes de la estatal telefónica.
También Óscar Danilo Santos, ex asesor y ex jefe del departamento de Procuración de Hondutel; y Julio Daniel Flores, quien se desempeñaba como auditor interno del Tribunal Superior de Cuentas adscrito a Hondutel.
Los beneficios que otorgaron, según expediente judicial
Una de las cláusulas que violentaron los ex funcionarios es la décima, denominada “términos de pago del acuerdo de corresponsalía. En esta cláusula se establece que Latinode debió hacer un prepago adelantado cuyo valor tenía que ser igual al total de los minutos enviados en determinado período, y Hondutel notificaría por correo electrónico a Latinode al haber consumido el noventa por ciento del valor.
Según el documento judicial, Chimirri no exigió el cumplimiento de las condiciones pactadas en la modalidad prepago del noventa por ciento.
Marcelo Chimirri permitió que el “carrier” pagara de manera parcial y no en la totalidad del consumo del servicio mensual prestado, propiciándose una mora imputable a los funcionarios de Hondutel.
En la misma cláusula se estima la condición para suspender el servicio si la estatal no recibía el pago dentro del término de los cinco días calendario siguientes a haber efectuado la notificación referida del consumo del 90 por ciento, esto ocurrió en muchas ocasiones y Hondutel en ningún momento suspendió el servicio, lo que produjo un arrastro moratorio de cuatro millones 632 mil 950.92 dólares.
Por las beneficios otorgadas a Latinode Inc., Marcelo Chimirri recibió la cantidad de 91 mil dólares que se le dieron en dos depósitos, el primero de 61,099 bajo transferencia a favor de Inversiones Chicas, propiedad de Marcelo Chimirri, Sergio Chimirri, Francis Quezada y Dennis Castro Bobadilla. Esta empresa fue absorbida por la empresa Inversiones, Estudios y Asesorías S. de R. L., que pasó a ser propiedad exclusiva de Chimirri y su esposa el 30 de diciembre de 2006, refiere el expediente.
Otro depósito recibido fue por 30,251 dólares hecho en una cuenta de cheques a favor de Sone S. A. de C. V., empresa ficticia propiedad de Chimirri, Ronald Quezada (cuñado de Chimirri) y Mauricio Gonzales, según expediente judicial.
Además se hicieron tres depósitos a favor de esta empresa por las cantidades de 30,000, 37,500 y 22,500 dólares. Mientras que Óscar Danilo Santos recibió 30 mil dólares en dos depósitos de 15,000 dólares cada uno; Jorge Rosa Zelaya obtuvo 88 mil 409 dólares, hecho en dos transferencias, la primera de 50,000 dólares y la segunda por 38,409.63.
En este caso, según el expediente judicial, hubo una triangulación del movimiento de dinero, pues los depósitos se hicieron en cuentas del exterior y luego en bancos nacionales. Por su parte, Jacobo Lagos y Julio Daniel Flores no recibieron dinero sino que incurrieron en delitos referentes a sus cargos.
Los delitos y la pena Cohecho
El artículo 361 del Código Penal establece literalmente: el funcionario o empleado público que solicite, reciba o acepte, por sí o a través de otra persona dádivas, presentes, ofrecimientos, promesas o cualquier otra ventaja indebida para ejecutar un acto contrario a sus deberes que es constitutivo de delito, será sancionado con reclusión de cinco a siete años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido en razón de la dádiva o promesa. Este delito supuestamente fue cometido por Marcelo Chimirri, Óscar Danilo Santos y Jorge Rosa Zelaya, según el expediente.
Fraude
El Código Penal en su artículo 376 establece: El funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga intereses del Estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar el fisco o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a tercero o para facilitar su participación personal directa o indirectamente, en los beneficios que puedan producir tales asuntos o use cualquier artificio con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de 6 a 9 años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión, por este delito está siendo acusado Hernán Jacobo Lagos.
Abuso de autoridad
El artículo 349 del Código Penal en numeral 2 y 3: será castigado con reclusión de 3 a 6 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión el funcionario o empleado público que: 2) dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a las constitución y a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. Marcelo Chimirri también está acusado por este delito y ya tiene dos autos de prisión por el mismo.
Hondutel dejó de percibir por la ilícita rebaja concedida por estos funcionarios un monto de 4 millones 632 mil 950.92 dólares (casi 92 millones de lempiras).
Los funcionarios acusados por el caso de latinode inc.
Marcelo Chimirri
El ex gerente está acusado por suponerlo responsable de cometer los delitos de abuso de autoridad, fraude y cohecho (soborno), y el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado lograron aportar los elementos probatorios de su participación en los delitos que se le imputan, por lo se encuentra recluido en la PN.
Según expediente judicial, Chimirri recibió de Latinode dos depósitos bancarios que sumaron la cantidad de 91,350 dólares. El primero se efectuó el 19 de septiembre de 2006, en el cual el ex funcionario recibió del Servicio IP de Guatemala (empresa relacionada con la subsidiaria de Latinode) la cantidad de 61,009 dólares y se hizo la transferencia a Inversiones Chicas, de su propiedad. Luego, el 26 de octubre de 2006 recibió otra transferencia de Latinode por un monto de 30,251 dólares y la depositó en una cuenta de cheques a nombre de la empresa mercantil Sone S. A. de C. V. (se descubrió que no existe y los socios eran parientes cercanos a él); este pago se hizo después de la entrada en vigencia del acuerdo de confidencialidad.
Además se realizaron tres transferencias a la empresa Sone S. A. de C. V., el 30 de enero de 2007 se efectuaron dos depósitos uno de 37,500 y otro por 22,500 dólares, mientras que el cuatro de abril se hizo otro depósito por 30,000 dólares.
Jorge Rosa
Rosa está acusado por el delito de cohecho (soborno) y anda prófugo de la justicia porque en los Juzgados de lo Penal se libró orden de captura internacional en su contra, por lo que es buscado por la policía nacional e internacional.
El expediente en los Juzgados de lo Penal especifica que el ex gerente, el 25 de enero de 2007, recibió la cantidad de 50 mil dólares en cheque de caja número 865829 perteneciente a un banco de Guatemala, el cual fue depositado en la cuenta 22644999-901 de un banco hondureño. Luego, el 24 de abril de 2007, se giró el cheque de caja número 51680 del mismo banco de origen guatemalteco comprado por LN comunicaciones (subsidiaria de Latinode) por el monto de 38,409.63 dólares. Cuando cobró, decidió comprar dos cheques de caja para dividir el importe de la cantidad recibida: el primero, número 51681, por 30,000 dólares, el cual fue depositado según endoso de cheque en la cuenta 22644999-901 de un banco hondureño; y el segundo cheque, con numeración 51682 y por el monto de 8,401.60 dólares, fue cambiado en efectivo por él, especifica el expediente judicial. Jorge Rosa participó en la reunión donde se concedió el descuento del 20 por ciento a Latinode, este se presentó en su condición de subsecretario de Integración económica y Comercio Exterior.
Oscar Danilo Santos
Según expediente judicial, el abogado Santos es acusado por el delito de cohecho (soborno) es buscado por la policía nacional e internacional por tener orden de captura internacional. El cinco de enero de 2007 recibió la cantidad de 15,000 dólares bajo la modalidad de transferencia a su cuenta de ahorro número 1011561717 de una institución bancaria hondureña.
El siete de febrero se realizó otra transferencia bajo la misma modalidad por el monto también de 15,000 dólares, haciendo un monto total de 30,000 dólares (unos 570 mil lempiras).
Santos también figura como vocal I de la empresa ficticia Sone S. A. de C. V., propiedad de Chimirri, a la cual también se hizo transferencias bancarias al recibir dinero de Latinode Inc.
Según expediente judicial, la recepción de las cantidades de dinero que recibió Danilo Santos de la empresa Latinode, a pesar de no estar involucrado en los procesos de adjudicación de tarifas en razón de la naturaleza de su cargo, obedecen a su relación estrecha y más que evidenciada con el gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, quien celebró acuerdo de confidencialidad con Latinode. El delito de cohecho es sancionado con reclusión de cinco a siete años, según el Código Penal.
Jacobo Lagos
Es acusado por suponerlo responsable de cometer el delito de fraude en perjuicio de la administración del estado de Honduras, por lo que se libró orden de captura en su contra y la policía hondureña e internacional le siguen la pista para su detención.
Lagos puso en marcha el acuerdo de corresponsalía ACI-2002-2005 y el acuerdo de confidencialidad que otorgó oficialmente a favor del carrier internacional Latinode un descuento de veinte por ciento, según expediente judicial.
La rebaja fue irregular en toda sus aristas puesto que se otorgó con dos meses de anticipación y se extendió inconsultamente por dos meses más del tiempo autorizado. Además, no cumplió con los requisitos prescritos en el acuerdo de corresponsalía internacional, como la elaboración técnica de estudios de mercado y factibilidad comercial, y aunque en la práctica contable la reducción fue del orden de 18 por ciento, según facturación auditada, se operó en ese sentido, pues imponer la tarifa del 20 por ciento habría violado los techos legales previamente establecidos por la administración de Hondutel, según el expediente.
Esta rebaja creó una situación de privilegio frente a otros carriers internacionales. El delito de fraude del cual es acusado Lagos, según el Código Penal en el artículo 376, es sancionado con reclusión de seis a nueve años de cárcel.
Daniel Flores
El Ministerio Público lo acusa por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, por lo que los Juzgados de lo Penal libraron orden de captura en su contra y actualmente se encuentra prófugo de la justicia, según expediente judicial.
De acuerdo con sus obligaciones, que derivan de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, debía fiscalizar sobre la base de los ingresos que se dejaron de percibir.
También participó en el descuento del veinte por ciento otorgado a Latinode en enero de 2007, en esta acción de descuento provocó una pérdida económica millonaria para los intereses de Hondutel, de 12 millones 739 mil 826.33 lempiras. También se comprobó una pérdida de 4 millones de dólares para la estatal telefónica... estas pérdidas no se hubiesen producido si el señor Daniel Flores, en su condición de auditor interno del Tribunal Superior de cuentas adscrito a Hondutel, hubiera cumplido con sus deberes vigilando la buena administración de los recursos públicos, y estos no se manejaran con criterios discrecionales y con una marcada negligencia, especifica el expediente. El mismo documento explica que, desde el mes de septiembre de 2006 hasta junio de 2007, la empresa Latinode siguió utilizando a Hondutel a pesar de no haber cumplido con las expectativas económicas acordadas.