Denuncian que postura de gobierno infringe derecho de JOH a defensa
La ex primera dama publicó una carta en la que reveló detalles acerca de la audiencia CIPA, mostrando su malestar con lo argumentado por la Fiscalía
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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A través de un comunicado, la ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, manifestó este miércoles que el gobierno de Estados Unidos “infringe indebidamente” el derecho a que los abogados del expresidente Juan Orlando Hernández presenten una defensa adecuada en su juicio en Nueva York.
En la carta publicada en redes sociales, García de Hernández establece varios puntos en los que detalla la audiencia CIPA (Ley de Procedimientos de Información Clasificada) de este miércoles 14 de febrero.
La esposa del exmandatario señaló que el gobierno estadounidense, a través de la Fiscalía de Nueva York, se negó a conceder a Sabrina Shroff, abogada autorizada de JOH, la necesidad de conocer y tener acceso a la documentación.
“La postura del gobierno sobre el “Documento” infringe indebidamente y sin justificación legítima el derecho de Juan Orlando a que sus abogados presenten una defensa completa y adecuada a su nombre. La defensa de Juan Orlando debería poder utilizar el “Documento” sin las restricciones que el gobierno pretende a imponer a ese uso”, manifiesta el escrito.
Ana García expuso que anteriormente la información marcada por el gobierno como “confidencial”, no se encontraba bajo un estado de protección y cuestionó que a pocos días del juicio la documentación haya sido clasificada con un “nivel alto”.
“Nunca trataron de proteger y que no se mantuvo en secreto, nunca, ni siquiera después de que Juan Orlando fuera detenido y encarcelado en el MDC”, señaló la esposa del expresidente.
“La defensa le pide a la Corte que no debería permitir que se mantengan las restricciones indebidas del gobierno. La jurisprudencia -incluso la jurisprudencia que emana de la Bahía de Guantánamo- establece que se debe salvaguardar el derecho de acceso del acusado y que no se deben permitir restricciones que impidan dicho acceso”, denunció García de Hernández.
La ex primera dama sugirió a la Corte del Distrito Sur eliminar o modificar las condiciones impuestas por el gobierno estadounidense.
“Como mínimo la Corte debería ordenar al gobierno que proporcione razons concretas por las cuales los abogados defensores autorizados deberían tener que trabajar bajo las restricciones constitucionalmente iadmisibles del gobierno”, cierra la carta.
