Tegucigalpa, Honduras
Dos iniciativas de ley que contienen medidas fuertes para evitar que los partidos políticos obtengan recursos de fuentes ilícitas se encuentran en proceso de dictamen por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional.
Hay una tercera propuesta que contiene la nueva Ley Electoral presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2012 y que fue engavetada por el Congreso Nacional.
Una de las iniciativas fue turnada al CN por el Poder Ejecutivo y se refiere a la Transparencia de los Procesos Electorales y el financiamiento de los partidos políticos.
La otra propuesta es del diputado del partido Unificación Democrática (UD), Edwin Pavón, que entre otras medidas plantea la prohibición de usos de fondos del Estado para financiar candidaturas o campañas electorales.
La diputada Aracely Leiva, que es miembro de la Comisión de Asuntos Electorales, dijo que ambos proyectos serán analizados a efecto de emitir una opinión cuanto antes.
El proyecto de Edwin Pavón establece que si se comprueba que un partido ha recibido dinero del narcotráfico o arriba de los techos establecidos de financiamiento se le cancelará su personería jurídica, es decir, dejará de existir.
Asimismo, limita a 70 salarios mínimos, para elecciones primarias, y 100 salarios mínimos, para elecciones generales, el máximo que un aportante privado puede donar a una candidatura presidencial.
Es decir, quedaría un techo con base en las condiciones actuales de 560 mil lempiras y 800 mil lempiras por una sola vez.
“Es un proyecto un poquito fuerte porque la actual Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas es muy permisiva en ese aspecto”, manifestó el proyectista.
Indicó que su proyecto se va a juntar con otro similar enviado por el Poder Ejecutivo a fin de que realmente haya un control y fiscalización del dinero que reciben los partidos políticos.
Este dinero lo reciben para su propio funcionamiento y para las campañas electorales y donde se permitiría incluso que cualquier ciudadano pueda llegar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y exigir que de manera gratuita se le proporcione informes contables de los partidos políticos.
En el proyecto también se establece el año contable para los partidos políticos, que será de junio a junio, y la publicación en la página web de todos los informes y libros contables.
La propuesta busca hacer transparente la procedencia, uso y destino de los fondos que se invierten en las campas electorales.
En el capítulo II del proyecto se establece que el financiamiento de las campañas y procesos electorales puede ser público y privado.
Las contribuciones privadas a los partidos estarán sometidas al principio de publicidad y a los límites de los montos establecidos en esta ley.
Por su lado, el financiamiento público será a través de la deuda política o subsidio electoral y el acceso gratuito e igualitario a la televisión y la radio estatal.
Sin embargo, se advierte que está absolutamente prohibido apoyar con recursos del Estado o del partido gobernante a cualquier candidato o movimiento de cualquier partido político en elecciones internas.
La misma medida se toma en el caso de las elecciones generales.
El TSE determinará la cuantía y distribución de la deuda política o subsidio electoral, que en este caso es de 30 lempiras por voto válido; el costo real significa el incremento por la inflación acumulada.
En el caso de los candidatos a diputados al Congreso Nacional, el límite al monto de las contribuciones individuales será de 15 salarios mínimos.
