Tegucigalpa, Honduras
Las fuerzas políticas deberán ponerse de acuerdo para impulsar el proyecto de la nueva tarjeta de identidad obviando la licitación internacional pública porque no hay tiempo para ello, dijo ayer el secretario general del Registro Nacional de las Personas (RNP), Fernando Anduray.
El funcionario dejó entrever que el proyecto está listo para arrancar, pero se necesitan por lo menos 14 meses para llevarlo a cabo y, así como están las cosas, el nuevo documento no estará listo para ponerlo en vigencia en marzo de 2017, con motivo de las elecciones primarias.
Varios partidos de oposición, incluyendo a algunas organizaciones no gubernamentales, han coincidido en que la licitación internacional es indispensable porque se trata de un proyecto millonario que puede generar dudas en términos de transparencia. Anduray, de filiación nacionalista, informó que la Secretaría de Finanzas “ya identificó los fondos nacionales (contraparte del gobierno) para empezar este año con el proyecto, el problema es que la Unión Europea todavía no nos ha garantizado los fondos del próximo año, como fondos externos, para hacer la contratación de la empresa por los 55 millones de dólares”, dijo Anduray.
“El proyecto es viable todavía, no se ha descartado, está en camino, probablemente la próxima semana se pueda hacer algún anuncio oficial por parte del Ministerio de Finanzas con el Registro Nacional de las Personas y tengamos que salir corriendo a ponernos de acuerdo en cómo va a hacer el proceso de contratación de la empresa”, expresó. Sobre la licitación internacional que muchos sectores demandan, dijo Anduray a la emisora HRN:
“No podemos gastar tres meses o cuatro meses en un proceso de licitación pública internacional, de repente con algún organismo internacional, con el Consejo Anticorrupción o con la sociedad civil se pueda hacer un proceso rápido supervisado por ellos para evitar los problemas de contaminación”.
Aparentemente, la Unión Europea será la entidad que proporcionará los recursos, unos 55 millones de dólares (1,210 millones de lempiras) para echar a andar este proyecto de nueva identidad que sustituirá a un documento vetusto, que data de más de veinte años de haber sido emitida. Anduray dijo que el nuevo documento es urgente porque no es posible que se siga utilizando aún con los riesgos que conlleva. “La necesidad de una nueva tarjeta de identidad está harto justificada”, argumentó, para enseguida sentenciar: solo hay dos opciones, o seguimos con la misma o la nueva.
El proyecto, que antes solo costaba 800 millones de lempiras, según cálculos del RNP, ahora vale 1,210 millones por la tardanza en tomar la decisión, que de hecho aún no es oficial. Aparte de esos 55 millones de dólares que prestaría la UE, el gobierno desembolsaría, como contraparte nacional, unos 10 millones de dólares (220 millones de lempiras) para modernizar administrativamente el RNP. Se necesita una “infraestructura propia, reparación de todo su andamiaje administrativo para poder trabajar con la nueva identidad”, afirmó.
El proyecto de la nueva identidad debe comenzar en este mes de octubre, se quiere salir en febrero de 2017, un mes antes de las elecciones primarias de los partidos políticos.
Para Anduray, hay causas lo suficientemente válidas como para impulsar la nueva tarjeta de identidad, que tendría unas veinte medidas de seguridad basadas en el material conocido internacionalmente como policarbonato.
En los veinte años que tiene de vigencia la actual identidad, más de un millón de hondureños han cambiado de domicilio, de tal forma que el censo nacional electoral está desactualizado, según el secretario general del RNP.
Actualmente circulan más de tres millones de tarjetas de identidad vencidas, cuya vigencia ha sido posible gracias a las diferentes prórrogas que ha emitido el Congreso Nacional. Hay miles de hondureños que ya fallecieron y siguen apareciendo en el censo.
