El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) reveló este sábado que hubo escasos controles en la asignación de recursos para la atención de familias afectadas por la sequía en los municipios del Corredor Seco de Honduras.
La emergencia fue declarada en la zona con la publicación el 28 de julio de 2014 en el diario oficial La Gaceta, de un decreto ejecutivo encaminado a enfrentar los efectos de la sequía, situación que provocó la pérdida de los cultivos y disminuyó la capacidad adquisitiva de las familias que residen en la zona afectada
El decreto pretendía proporcionar asistencia técnica y alimentaria a unas 76,712 familias de pequeños productores afectados por el fenómeno de la sequía en aproximadamente 64 municipios de 10 departamentos de Honduras.
El decreto se ejecutó conforme al presupuesto establecido por el Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión de Riesgo por Sequía, bajo la coordinación de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), para lo cual se dispuso de 100 millones de lempiras.
Sin embargo, el Conadeh recomendó hoy al gobierno rendir cuentas por los 100 millones de lempiras asignados, en vista de que los recursos no fueron asignados de acuerdo a lo planeado.
El informe establece que muchas familias beneficiadas con la bolsa de alivio que contenía arroz, frijoles, maíz, harina de maíz y café, desconocían el origen de la ayuda humanitaria y la razón de haber sido seleccionados para la misma.
Señala además que la selección de los beneficiarios fue una acción demasiado lenta con respecto a la urgencia que planteaba la crisis alimentaria, así como escasos controles en las comunidades.
Según el Comisionado de los Derechos Humanos faltó la priorización en la atención que debieron tener las personas más pobres y en condiciones de vulnerabilidad como la niñez, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.
Hubo municipios donde solo se hizo una entrega de las tres programadas.
El Conadeh cuestionó la falta de coordinación que hubo en el gobierno nacional para la ejecución del decreto, ya que en algunas comunidades el gobierno de Honduras entregó bolsas de alivio, pero también la bolsa solidaria como parte del Programa Vida Mejor y se dio adicionalmente la presencia paralela de la Secretaría de Agricultura y Ganadería distribuyendo bonos tecnológicos.
De acuerdo al documento, faltó coordinación funcional en la relación entre Banasupro y Copeco, en especial en la entrega parcial de bolsas de alivio, lo que se atribuyó a la falta de pago de varios millones por parte del gobierno.
'Hemos reconocido la voluntad política del gobierno de asignar los 100 millones que ya se gastaron, pero estamos pidiendo rendir cuentas sobre el gasto de los fondos', dijo el comisionado Roberto Herrera Cáceres.
Por lo tanto, recomendó al gobierno de Honduras rendir cuentas sobre la aplicación de los 100 millones de lempiras asignados para apoyar la ejecución del plan estratégico presentado por Copeco, así como mejorar la selección de beneficiarios, darle prioridad a los más pobres en condiciones de vulnerabilidad, que no haya discriminación y que sea la misma comunidad la encargada de realizar la veeduría social.
Insistió en que 'el gobierno es siempre responsable de la debida diligencia en la atención y auxilio a los habitantes'.
'Ninguna institución del Estado puede excusarse, por ninguna causa, salvo fuerza mayor o caso fortuito, de dejar de cumplir con las responsabilidades asumidas para atender a las comunidades en situaciones de emergencia', agregó.
