Honduras

DIECP enviará al Ministerio Público expedientes de al menos 50 policías

Los uniformados han sido denunciados por la ciudadanía por diversos delitos. Ministerio Público determinará si corresponden acciones penales.

18.04.2015

TEGUCIGALPA, Honduras

Los expedientes de 50 policías que han sido denunciados por varias irregularidades serán enviados al Ministerio Público en los próximos días, anunció este sábado el director adjunto de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Mario Chinchilla.

Los elementos policiales han sido denunciados por la ciudadanía y será el Ministerio Público el que determinará si corresponden acciones penales, explicó Chinchilla.

Señaló que las acusaciones contra policías ocurren a diario, la mayoría por faltas como allanamiento de morada, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios.

Cada caso es derivado con un investigador que después de dar seguimiento en un período de dos a ocho meses, según la complejidad, lo entrega al Ministerio Público para que haga el análisis respectivo y presente el requerimiento fiscal que corresponda o la acusación penal en los tribunales.

Chinchilla informó que la DIECP recibió en los primeros dos años de su administración 600 denuncias contra policías, las que en el último año alcanzaron las 800 y de ellas 70 por ciento son de acción criminal.

El otro 30 por ciento son para que el MP proceda al cierre administrativo de los casos cuando no hay indicios de responsabilidad penal.

Dijo que en lo que va de 2015 'hemos referido al Ministerio Público más de 50 casos y estamos preparando, de los que los investigadores van finalizando, de marzo para acá, y preparando un nuevo paquete porque preferimos mandarlos así en grupos' de 50 o cien.

En la primera quincena de marzo, la DIECP anunció el envío de al menos 100 expedientes al Ministerio Público de agentes de la escala básica, Clase I, Clase II, comisarios y oficiales operativos acusados de varios delitos.

Su labor ha sido cuestionada por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), que denunció la lentitud e ineficacia del proceso de depuración policial, pese al millonario presupuesto erogado.