Tegucigalpa
El Ministerio Público (MP) ampliará el requerimiento fiscal contra 13 nuevos elementos de la Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) que participaron en el hurto de los 1.3 millones de dólares (26 millones de lempiras) de la banda de los supuestos narcotraficantes de la familia Valle Valle.
De esta forma serán 22 los efectivos de esa unidad a los que se les acusará por el extravío del botín y que eran los principales sospechosos del ilícito, ya que la semana pasada se presentó una acusación penal por abuso de autoridad con nueve elementos TIGRES.
El director de Fiscalías de MP, Rolando Argueta, confirmó a EL HERALDO que trabaja en la recolección de más pruebas testificales y en algunas inspecciones para incoar las nuevas imputaciones.
“Seguimos recopilando alguna prueba testifical, en este caso es fundamental, y recopilando prueba documental. Estamos por hacer algunas inspecciones a algunos lugares que nos pueda arrojar nuevos elementos y ampliar la imputación para que no se quede con nueve elementos, sino contra el resto”, expresó.
No especificó en qué fecha se podrían presentar los otros 13 requerimientos.
EL HERALDO denunció en exclusiva que 22 policías TIGRES que participaron en el arresto de los extraditados a Estados Unidos, Miguel Arnulfo y Luis Alonzo Valle Valle, se apropiaron de 1.3 millones de dólares de los 12.5 millones de dólares que fueron encontrados escondidos en una caleta en la hacienda El Espíritu, en Florida, Copán, el día del operativo, realizado el 5 de octubre de 2014.
Los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonzo Valle Valle fueron extraditados este mes a Estados Unidos en donde están acusados por tráfico de drogas.
Tras casi cinco meses de investigaciones, el Ministerio Público presentó la acusación contra nueve TIGRES de los 22 señalados como principales sospechosos del hurto a quienes solo les imputó el delito de abuso de autoridad, lo que generó críticas.
Los policías acusados son los comisarios Pedro Zúniga, Guillermo Urbina; el subinspector Lot Alvarado, y los policías de escala básica o suboficiales Elmer Mendoza, Alejandro Díaz, Luis Godoy, Obed Hernández, Gerson Alemán Edwin Midence.
Argueta remarcó que el hecho de que no se haya presentado acción penal contra los 22 principales sospechosos no indica que las investigaciones que se realicen sean débiles, sino que se trabaja de forma segura en las indagaciones para que los requerimientos tengan éxito.
El Código Procesal Penal permite que un requerimiento fiscal se presente con “elementos básicos” que sirven para sustentar la acción durante las dos primeras etapas del juicio (audiencia inicial y preliminar), pero en la tercera etapa (juicio oral) ahí sí se necesitarán los “elementos fuertes en cantidad y calidad”, explicó el funcionario.
Hasta el momento el Ministerio Público cuenta con pruebas testificales con las que sustentó el caso, es decir testimonios de policías que confesaron por escrito haber obtenido dinero del botín y está a la espera de que la Policía Nacional le suministres algunos videos en donde también hay confesiones del delito.
En total son 71 policías los que han estado bajo investigación por el saqueo de los 1.3 millones de dólares, pero las principales sospechas recayeron sobe 22 porque son los que estuvieron en contacto físico y visual con el dinero hurtado.
Polémica
En un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad la semana anterior se informó que de los 71 investigados, 51 son de la policía tigres y 20 son de al Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico “adscrita” a la Embajada de Estados Unidos.
Cabe señalar que esa misión diplomática niega tener una unidad de la Policía hondureña que esté “adscrita” a esa misión diplomática, tal y como lo afirma la Secretaría de Seguridad.
La semana anterior, fuentes informaron a EL HERALDO que los 20 elementos de dicha unidad estarían fuera del país por amenazas en su contra tras participar en la operación de captura de los hermanos Valle Valle.
¿Prófugos?
En el requerimiento fiscal, el Ministerio Público solicitó orden de captura contra los nueve imputados y el juez con jurisdicción nacional que conoce la causa tenía hasta el viernes para admitir la acusación y determinar si ordenaba los arrestos.
Los 50 policías suspendidos, incluyendo los nueve acusados, recibieron instrucciones para que todos los viernes se presentaran a firmar un libro en la Policía Nacional, pero la entidad admitió que ahora no saben dónde se encuentran.
Incautación de bienes
La Policía Nacional investigó a algunos elementos TIGRES que al parecer compraron una casa y un carro con el dinero hurtado y estos bienes están en la mira del Ministerio Público para ser incautados.
“Tenemos experiencia en la incautación de bienes de origen ilícito y estamos viendo si se procede a alguna incautación en este caso”, acotó Argueta.
Para probar que estas propiedades fueron adquiridas de forma irregular, el Ministerio Público solicitó a las autoridades competentes copias de la escritura de la casa y del traspaso del automotor.
Durante las primeras pesquisas se conoció que ciertos policías utilizaron parte del dinero para contratar prostitutas o se dedicaban a comprar en dólares en pulperías o regalar dinero a compañeros de trabajo, lo que hizo levantar sospechas.
