El Estado de Honduras irá a juicio el 2 y 3 de febrero de 2015 por la destitución de cuatro funcionarios del Poder Judicial, informó el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados por la Democracia, Mario Díaz.
El juicio se realizará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José, Costa Rica.
El caso se remonta a mayo de 2010, cuando el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió por mayoría de votos despedir a tres jueces y un magistrado que participaron abiertamente en actividades políticas e interpusieron recursos judiciales por los hechos del 28 de junio de 2009.
La resolución fue confirmada posteriormente por los magistrados, ante una solicitud de reconsideración interpuesta por los destituidos.
Los separados fueron los jueces de sentencia Adán Guillermo López Lone y Ramón Enrique Barrios, al juez contra Violencia Doméstica Luis Alonso Chévez de la Rocha y la magistrada de la Corte de Apelaciones Tirza Flores Lanza, quienes elevaron su caso ante la corte internacional.
'Nosotros siempre manifestamos que ese despido fue ilegal, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos así también lo ha considerado', dijo Díaz.
Debido a que la CIDH buscó un arreglo que no alcanzó finalmente con el Estado de Honduras, 'ahora lo que procede es la realización del juicio oral', explicó.
Si Honduras es condenado, deberá erogar 'cantidades importantes' de dinero, ya que 'a estas alturas lo mínimo que habrá de pagar' son los salarios dejados de percibir más las bonificaciones de los últimos cinco años.
A su juicio 'la cuantía económica es lo de menor importancia, aquí lo importante es que la CIDH a través de ese proceso habrá de reconocer la libertad de organización, la libertad de expresión, que tenemos los jueces y juezas'.
Añadió que pedirán a la CIDH 'que le exija al Estado' de Honduras que establezca legislación que no impida a los jueces 'manifestarnos en libertad cuando ocurran hechos como los de 2009'.
El profesional del derecho señaló que 'existe legislación internacional que reconoce el derecho de los jueces a manifestarse, que tenemos también libertad de expresión y de organización como cualquier ciudadano'.
