Tegucigalpa, Honduras
Los cinco magistrados titulares de la Sala Constitucional sesionarán la próxima semana para definir polémica y cuestionada demanda que condena al Estado de Honduras al pago de 126 millones de lempiras a una farmacéutica.
El caso se remonta al año 2010, cuando la empresa denominada Pharmasula, S.A. de C.V., se quejó por un incumplimiento de pago de una deuda de 61.5 millones de lempiras que adquirió la Secretaría de Salud de Honduras, por adquisición de medicinas y servicios.
Años más tarde, el Juzgado Civil y la Corte de Apelaciones Civil condenaron al Estado al pago de la demanda, por incumplimiento del pago de la deuda, que más los intereses se elevó a 126 millones de lempiras.
Por un amparo interpuesto, el caso se trasladó a la Sala Constitucional, que de manera apresurada confirmó la condena.
La demanda se envolvió en un manto de la polémica, en una trama judicial.
Al conocer inicialmente el amparo, los magistrados propietarios Víctor Lozano, German García, Lidia Estela Cardona, Silvia Trinidad Santos y Elmer Lizardo acordaron dejar en suspenso la resolución al considerar que ameritaba más estudio porque habían dudas en algunos aspectos.
Sin embargo, se aprovechó la ausencia en Honduras de los magistrados Víctor Lozano, German García y Estela Cardona, para que Silvia Santos integrara al presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Jorge Rivera Avilés y Tomás Arita Valle, respectivamente; y a Reina Solórzano, para sesionar y ratificar la condena.
Se violentó un acuerdo interno que ante la ausencia de al menos dos magistrados propietarios no se convocaría a Pleno para resolver recursos.
Para colmo, en la cédula de notificación de la sentencia aparece el nombre de Estela Cardona, sin haber participado en el Pleno.
Ante tal situación, la Procuraduría General de la República de Honduras (PGR) interpuso en la noche del miércoles un recurso de reposición, con el fin de que se revoque la sentencia.
EL HERALDO conoció que el presidente de la Sala, Víctor Lozano, convocó a un Pleno de los cinco magistrados propietarios para resolver dicho recurso.
La sesión se celebrará el próximo lunes, trascendió que en el encuentro se pedirá explicaciones a Santos del porqué se integró a otros magistrados para resolver este asunto.
Este caso causó malestar en algunos magistrados de la CSJ, quienes confiaron a EL HERALDO que es ‘una vergüenza para el Poder Judicial”. Al tiempo de recomendar que lo menos que podría hacer la Sala es rectificar su fallo.
La PGR confía que la Sala Constitucional emitirá una resolución apegada a derecho.
“Nosotros esperamos que se reconsidere la decisión y que no tengamos que ejecutar esa decisión emanada por los órganos jurisdiccionales del Estado”, dijo el procurador general, Abrahán Alvarenga, en declaraciones a EL HERALDO.
En su recurso, la PGR sostiene que la sentencia no se debe ejecutar por incumplir requisitos establecidos en la ley civil.
Investigación
Varios sectores de Honduras esperan que este escándalo se investigue.
“A nosotros nos corresponde entablar todos los recursos que nos franquea la ley, ya si existen otras situaciones con vicios de anormalidades o irregularidades corresponde a otros órganos del Estado realizar las investigaciones”, indicó.
“Si hay indicios de responsabilidad penal corresponde al Ministerio Público dirigir una investigación, y si hay indicios de mal funcionamiento a las facultades que tiene, el Congreso Nacional sabrá si inicia una investigación”, agregó.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos, Rigoberto Chang Castillo, pidió una investigación.
“El Ministerio Público tiene que hacer la investigación oficiosa, sin necesidad de que alguien lo pida tiene el deber, tiene la obligación de hacer la investigación correspondiente para determinar si hubo o no algo irregular en este fallo”, recomendó el funcionario.
EL HERALDO consultó en el MP si investigarían este caso, sin embargo, no se obtuvo respuesta en la oficina de Relaciones Públicas.
Error simple
La CSJ de Honduras aclaró que no existe irregularidad en la inclusión del nombre de la magistrada Cardona ni en la integración del Pleno.
“Lamentablemente ocurrió un error simple y es haber dejado consignado un nombre sin firma, solamente el nombre, de una de las magistradas miembro de la Sala Constitucional (Lidia Estela Cardona), que se encontraba fuera del país con otros dos magistrados, por esa razón hubo integración de otros magistrados de las demás Salas para conocer los expedientes”, informó Melvin Duarte, portavoz de la CSJ.
Expuso que en esa sesión el caso de Pharmasula no fue el único expediente que se conoció en el pleno del 25 de noviembre, sino seis recursos. El objeto fue agilizar el proceso de justicia y no detener las resoluciones por la ausencia de magistrados, argumentó. Dijo que es normal que ante la falta de magistrados, se llame a otros a integrar el Pleno.
