Tegucigalpa. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dio un plazo de tres días a la Secretaría de Salud para que entregue los expedientes de contratos de empresas que estafaron a esa dependencia con venta de insumos sobrevalorados.
El emplazamiento es parte del trámite que se sigue en el recurso de revisión que EL HERALDO presentó luego de que Salud se negara a proporcionar esos documentos solicitados por medio de la Ley de Transparencia.
En el requerimiento del IAIP también se pide que se den copias de los antecedentes de la solicitud de información.
En caso de que Salud no dé los expedientes, el IAIP emitirá una resolución para dirimir el recurso.
EL HERALDO solicitó a la Oficina de Información Pública de Salud copia de los expedientes de las contrataciones de empresas propiedad de familiares de la secretaria general de esa dependencia, Cristina Díaz, pero los datos fueron negados bajo el argumento de que no se cuenta con una base datos digital.
Las sociedades de la familia Díaz firmaron acuerdos de suministro de bienes de forma sobrevalorada, de acuerdo a lo revelado por EL HERALDO en base a algunos documentos obtenidos por fuentes oficiales. Se les cancelaron 16.3 millones de lempiras durante un semestre del gobierno pasado (2010-2014).
No obstante, EL HERALDO pidió duplicados de todos los contratos a favor de esas compañías para calcular la magnitud de la millonaria estafa.
Los contratos celebrados por Salud no han sido declarados en secretividad, por lo que son de orden público y, en consecuencia, deben de ser proporcionados, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La ministra de Salud, Yolani Batres, no ha accedido a dar una entrevista a EL HERALDO sobre este escándalo, pese a que se le ha solicitado durante casi dos semanas.