El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llamó este lunes a los diputados al Congreso Nacional a aprobar las reformas al Código Penal para endurecer las penas contra asesinos de operadores de justicia del país.
'Quiero hacer consciencia en los tomadores de decisiones, particularmente en el Congreso Nacional, porque sé que existen bancadas con diferentes pensamientos en cuanto a estos temas, pero también hacer consciencia en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (..) de que hoy Honduras está librando una lucha por recuperar el respeto a la vida de las personas, el respeto a la libertad', dijo el mandatario en declaraciones a la radio local HRN.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley para reformar el Código Penal de Honduras, en el cual se estipulan penas de entre 30 y 40 años para quien cometa homicidio contra un operador de justicia.
Actualmente, las leyes de Honduras establecen una pena de prisión por homicidio simple de 15 a 20 años.
Hernández manifestó que 'la lucha de los operadores de justicia, de policías, diputados, agentes de inteligencia, jueces, fiscales, magistrados, ha sido una lucha fuerte ha sido una lucha en la que se ha puesto en riesgo la vida, la integridad física; pero no podemos seguir con el mismo nivel de sanciones, de penas, que hoy tiene el Código Penal' de Honduras.
Además, aseveró que la normativa tiene diversos vacíos en temas como la proposición de atentar contra la vida de funcionarios u operadores de justicia, que no está contemplada como amerita, como tampoco lo está el caso de concretarse el hecho.
'Esa gente debe podrirse en la cárcel por decir hasta que le terminen sus días, pero que quede como lección', dijo.
Y añadió que 'el mensaje a todos estos criminales, a todas estas bandas de delincuentes debe ser claro y contundente, si llegan a tan siquiera proponer quitarle la vida a un operador de justicia, no digamos si llegara a consumar el hecho, les va a caer todo el peso de la ley y van a pasar buena parte de su vida en la cárcel', expresó.
'Ahora que tenemos capacidad que antes no tenía el Estado de poder investigar, de poder apresar a estos individuos y ahora que estamos construyendo cárceles de última generación para que no se escapen de ahí y que se terminen los autogobiernos de los recluidos de libertad, que sepan que va a haber un peso del Estado haciendo justicia'.
Por su parte, la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional de Honduras adelantó que la reforma será aprobada una vez que se tenga la opinión de la Corte Suprema de Justicia, con la salvedad que la misma es complementaria a disposiciones que ya existen en la legislación penal hondureña.
El caso más reciente de hechos violentos contra operadores de justicia es el de dos fiscales del Ministerio Público que fueron asesinadas el 10 de octubre en San Pedro Sula, al norte de Honduras.
