Tegucigalpa, Honduras
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emplazará a la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público (MP) y a la Secretaría de Finanzas para que presenten toda la información relacionada a la liquidación y manejo del Fondo Departamental de parte de los diputados, exdiputados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Esta solicitud ha generado una disyuntiva en el interior de la Secretaría de Finanzas porque toda la información del manejo de estos fondos públicos fue secuestrada y se encuentra en manos de la Ufecic, desde el año anterior.
“Nosotros no tenemos ya ninguna información, pues toda la llevó la Ufecic en el mes de noviembre del año pasado”, confirmó a EL HERALDO la ministra de Finanzas, Rocío Tábora.
Señaló que únicamente tienen en su poder las copias de las actas que los fiscales de la Ufecic entregaron a los abogados de la Secretaría de Finanzas, tras el secuestro de los documentos el año anterior.
“Si ellos van (a Finanzas) les entregaremos esas actas”, dijo Tábora.
Mientras que en el Ministerio Público no se obtuvo ninguna respuesta de parte de las autoridades si van a remitir esta documentación al TSC.
La Ley Orgánica del Presupuesto General de la República indica que obligatoriamente las entidades que tienen este tipo de información deberán remitirla al TSC para facilitar las investigaciones.
“Todos los documentos relacionados con dichos fondos deben ser remitidos y entregados al TSC para realizar la auditoría correspondiente, por parte de quien los posea o a simple requerimiento de este”, indica el decreto de reforma a la Ley del Presupuesto.
La auditoría e investigación especial del TSC se realizará en un período de tres años después, así lo contempla la reforma a la Ley del Presupuesto.
El ente contralor del Estado está obligado a ejecutar la auditoría a los fondos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales gestionados durante el período 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, es decir, las últimas cuatro administraciones gubernamentales: Manuel Zelaya, Roberto Michelletti, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández.
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750diputados y exdiputados están obligados a liquidar fondos. |
Indagación
Son pocos los diputados, exdiputados y ONG que han desfilado por el TSC para presentar la información solicitada.
En ese sentido, el ente contralor tiene complicada su labor debido a que solamente unos 40 de más de 750 diputados y exdiputados que están siendo investigados acreditaron su información en tiempo y forma, según afirmó recientemente el presidente del TSC, Ricardo Rodríguez.
A esto se le suma unas 35 cajas con documentación presentadas por algunas ONG. En el interior de estas cajas se encuentra información relacionada con exparlamentarios que solicitaron fondos sociales mediante ONG.
Al finalizar la investigación, el TSC determinará la responsabilidad civil, penal o administrativa que en derecho corresponda, notificando a los entes correspondientes en cada uno de los casos.
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En junio se termina el plazo
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) determinó ampliar por 30 días el plazo para que los diputados y Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo presenten la liquidación de fondos sociales.
“El plazo de 30 días hábiles originalmente otorgado vence el próximo lunes 14 de mayo, sin embargo, se dispuso prorrogarlo por 30 días hábiles adicionales, por lo que el mismo vencerá el próximo 25 de junio”, informó el TSC mediante un comunicado de prensa.
De no presentar la información requerida, el TSC advierte que procederá conforme a su Ley Orgánica, advirtió.
Son más de 750 diputados los que tendrán que presentar la documentación ante el ente contralor.
Para esa finalidad, el TSC conformó el Departamento de Auditorías Especiales, con el fin de realizar la auditoría e investigación especial sobre el manejo de dichos fondos.
El proceso que conduce el TSC se enmarca en la Constitución de la República, la Ley Orgánica del TSC, el Decreto 141-2017 del Presupuesto y el Acuerdo Administrativo No. 001-2018-TSC, que contiene el Reglamento respectivo.
El TSC se comprometió a conducir una auditoría e investigación especial en forma objetiva, imparcial, profesional y con las garantías del debido proceso, la cual finalizará dentro de tres años, indica el comunicado.
