Tegucigalpa, Honduras
La Junta Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) ubicada en Catacamas, Olancho, determinó dar por finalizado el convenio marco que las autoridades anteriores de esta institución educativa suscribieron con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Este acuerdo de cooperación interinstitucional suscrito el 25 de marzo de 2015 fue ampliado -en su tiempo de vigencia- mediante el adendum número 003-2016, firmado el 30 de junio de 2016.
El fin principal de tal arreglo era impulsar el nivel académico de los estudiantes, sin embargo, nunca cumplió con tales expectativas. Con el paso de los meses, el costo de la administración de los bienes, menaje y animales que recibió la universidad se volvió una pesada carga dentro de su presupuesto anual.
Desde su llegada, la Junta Interventora de la universidad denunció públicamente que encontró dificultades económicas para cubrir algunas carencias en la UNA. En su informe al Congreso Nacional expuso detalles de lo que sucedía con el manejo de los bienes que había recibido de la OABI.
Al mes de junio, según informe de la OABI, la universidad presentaba una deuda de 2.9 millones de lempiras por pago de salario a empleados que tenía en las 10 fincas a su cargo, así como por compra de insumos para el mantenimiento del ganado bovino y equino.
Aunque esto no aparece en el informe antes mencionado, aparte de algunos costos asumidos en la administración de las fincas, la universidad mantenía 56 personas cuidando solo los bienes de la familia Amador, lo cual representaba un gasto mensual que superaba el medio millón de lempiras.
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Decisión
Ante lo oneroso que resultaba para la universidad la administración de los bienes incautados a personas ligadas al narcotráfico y lavado de activos, y luego de saber cómo avanzan las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y conocer la posición del Consejo de Educación Superior, la junta inventora determinó dar por finalizado el convenio y entró en un proceso de devolución de lo recibido.
En la resolución 101-08-2017 de fecha 14 de agosto del presente año, la Comisión Interventora explica que el Consejo de Educación Superior, reunido en sesión ordinaria número 313 de fecha 5 de mayo de 2017, conoció de parte del abogado Ricardo Castro, director de la ATIC, y su equipo de fiscales el informe sobre las investigaciones realizadas al manejo del patrimonio que la Universidad Nacional de Agricultura le está administrando a la Oficina Administradora de Bienes Incautados.
Que habiendo conocido y discutido sobre los hallazgos del informe presentado, el cual es el resultado de dos proceso de investigación realizados en la UNA, el Consejo de Educación Superior emitió el acuerdo número 3464-313-2017, en el cual se resuelve que la junta interventora nombrada por el Poder Legislativo, mediante decreto 172-2016, gestione ante el Estado el ponerle fin al convenio suscrito entre la UNA y la OABI.
Que asimismo el Consejo de Educación Superior dejó establecido que queda terminantemente prohibido que las universidades, tanto públicas como privadas, acepten bienes que provengan de la Oficina Administradora de Bienes Incautados.
Ante tales consideraciones, la Junta Interventora resolvió el 14 de agosto reciente “dar por finalizado los efectos del convenio UNA- OABI en cumplimiento de lo resuelto por el Consejo de Educación Superior” e instruye a la comisión de seguimiento de tal convenio suscrito por las autoridades anteriores a realizar los procesos legales, administrativos y técnicos a efecto de devolver los bienes dejados para la administración y cuidado de la universidad.
Se nombra a Óscar Ovidio Redondo Flores como coordinador de la comisión de seguimiento- él fue quien suscribió el convenio- para que notifique tal determinación a la OABI.
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Más costos
Si la administración de los bienes de la OABI ya representaba un costo para la universidad, al devolverlos también incurría en gasto.
Así se refleja en el oficio número OABI/DE-1594-07-2017, de fecha 17 de julio de 2017, enviado por José Luis Andino, director de la OABI a Marcial Solís, jefe de la Comisión Interventora de la UNA.
En el oficio Andino le expresa a Solís que le mandó un correo el 25 de abril con el fin de saber si la universidad va a continuar con el convenio, “en el cual le informé que de no obtener una respuesta, entenderíamos que no se continuaría”, escribió.
Andino recordó que el 6 de julio, la OABI fue requerida por la Secretaría General de Coordinación de Gobierno y luego de la reunión, el secretario general de la OABI le envió el mensaje de acelerar el proceso de recepción de los bienes que se encuentran en la UNA, en virtud del convenio.
Ante tal situación, Andino presume que la comisión ha definido no continuar con el acuerdo.
Señala que en la universidad hay bienes en uso provisional, comodato, enajenación anticipada, según el tipo de bienes, teniendo cada una de ellas un manejo particular y formas diferentes de costos, y que la rescisión no exime de las obligaciones ya generadas.
Asimismo le pide que los vehículos sean entregados en estado operativo, revisados y evaluados por un técnico, gastos que deberán ser cubiertos por la universidad.
En cuanto al ganado, explica que debe tenerse en cuenta que existen semovientes que fueron enajenados con anticipación, “eso significa que ya son propiedad de la universidad, persistiendo únicamente la condición que puede generar el pago, en caso de que se ordenase la devolución por parte de un juez, la universidad tendría que erogar ese valor”.
Asimismo indica que los semovientes no pueden ser devueltos y recomienda que la universidad genere “las reservas en caso de ordenarse la devolución, o bien podrían pagar el valor de los avalúos a OABI”.
En cuanto al menaje, equipo agrícola y maquinaria, señala que esta fue movilizada a diversos sectores del país, entre ellos El Espíritu, Copán, Choluteca, San Pedro Sula, Tocoa y Trujillo, lo que para su recepción deberán ser trasladados a las localidades de donde fueron sacadas, debiendo estas encontrarse en estado operativo, cubriendo la UNA los costos de reinstalación en el caso de la maquinaria y equipo agrícola.
Ante lo explicado, Andino le pide a Solís su postura, como punto de partida, para la planificación de la devolución y recepción de los bienes.
EL HERALDO conoció que a partir del 25 de agosto la universidad ha regresado cuatro casas incautadas a la familia Amador, y ayer continuaba con la devolución de la finca llamada Rancho Lorenzo, perteneciente a ese mismo clan, la cual la UNA recibió con 208 cabezas de ganado bovino y 70 ovejos
LEA AQUÍ: Documentos sobre la determinación de rescindir el acuerdo
