Más de cuatro mil privados de libertad descongestionarían el sistema penitenciario del país al ser favorecidos con el grillete electrónico como una medida sustitutiva a la prisión que debe fundamentarse mediante solicitud voluntaria ante un juez competente.
El subsecretario de Seguridad, Luis Suazo, estimó a EL HERALDO que esa cantidad representa del 20 a 25% (es decir entre 3,718 y 4,647) del total de la población carcelaria del país, que incluye en su mayoría a los que se encuentran procesados por distintos ilícitos y una parte de los que ya fueron condenados.
“El 54% de la población carcelaria no tiene sentencia y está procesada, pero tenemos 21 delitos por los cuales no se puede otorgar medidas sustitutivas”, manifestó.
Las figuras delictivas están contempladas en el artículo 184 del Código Procesal Penal concerniente a la sustitución de la prisión preventiva que no aplica para homicidio, asesinato, violación, asociación ilícita, extorsión y terrorismo, entre otros crímenes.
EL HERALDO precisó que la finalidad de este mecanismo de control es monitorear el tránsito -tanto de encausados como de condenados- dentro de un radio de acción, ruta o parámetro de desplazamiento geográfico y horarios.
Los brazaletes electrónicos son parte de una reforma al Código Penal y el Código Procesal Penal impulsada por el Poder Ejecutivo para disminuir el hacinamiento en los reclusorios, así como bajar los costos de internamiento de los reos.
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Además, se fortalecerán los servicios penitenciarios, mejorarán los procesos de resocialización o reinserción social y se contribuirá a la protección de las víctimas, conforme a la propuesta que ya se encuentra en la Secretaría del Congreso Nacional.
Modalidades
Suazo detalló que existen varias modalidades en las que se podrá aplicar este mecanismo, como la de casa por cárcel, portando el dispositivo que se instalaría ya sea en la muñeca o tobillo de la persona de baja peligrosidad.
La vigilancia electrónica personal también se podrá usar con la posibilidad de que un imputado pueda salir y hacer un recorrido específico de la casa al trabajo o viceversa, pero al salirse del perímetro se activará una alarma, resaltó.
El funcionario mencionó que otra forma de uso es ciudad por cárcel, en el que se crea una “celda virtual” y si el beneficiado se acerca a los límites de la urbe será advertido, mientras que en otra se determinará la imposibilidad de salir del país.
“Se va a poder utilizar en los casos de violencia doméstica porque si un juez decide que alguien no se puede acercar a su cónyuge o pareja a ciertos metros de distancia, de un centro de monitoreo le van a poder hablar al grillete electrónico y advertirle”, afirmó.
Diez países de Latinoamérica aplican esta tecnología de rastreo, entre ellos México.
En la región Costa Rica y Guatemala ya han puesto en práctica este sistema con buen suceso.
Estados Unidos ha sido un pionero en la utilización de este mecanismo, donde se ha obligado hasta a los inmigrantes a portarlos para controlar su ubicación.
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Función de celular
El también secretario técnico del gabinete de Seguridad y Defensa puntualizó que “uno de los componentes del grillete es prácticamente un celular e incluso permite que del centro de monitoreo le puedan hablar por teléfono a la persona advirtiéndole que está cerca de un límite”.
Cada dispositivo posee un Sistema de Posicionamiento Global, más conocido por su siglas en inglés: GPS, que permite su localización geográfica hasta en cualquier parte del mundo.
El proyecto estipula que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) deberá adoptar las acciones necesarias para que el servicio de vigilancia electrónica personal cuente con los medios necesarios en los servicios públicos de telecomunicaciones y en el espectro radioeléctrico.
En tal sentido, aseguró que la entidad posee las atribuciones legales y no tendría que hacer ninguna inversión adicional, ya que el sistema de vigilancia electrónica personal hará un aprovechamiento de la infraestructura de comunicaciones existente a nivel nacional.
“Nosotros no haríamos un proceso de inversión, sino que se permitiría que empresas que sean certificadas por una institución del Estado que está por definirse puedan prestar el servicio y estas harían directamente las inversiones”, confirmó Suazo.
Por otra parte, reveló a EL HERALDO que unos 400 mil dólares equivalentes, a 9.3 millones de lempiras, serán la inversión inicial para equipar a los principales penales y así poder adquirir el equipo para las audiencias virtuales, que son otras de las enmiendas propuestas por el Ejecutivo.
Las líneas de comunicación para hacer la transmisión de videos y audio a través de la tecnología de videoconferencia implicarán un costo mensual, sostuvo.
“La inversión se va a compensar en alrededor de 14 a 16 meses en términos del gasto de combustible en el Instituto Nacional Penitenciario”, proyectó el funcionario.
Los juicios virtuales están planteados en un proyecto separado que fue remitido al Congreso Nacional, con el que se busca agilizar los procesos judiciales y evitar la pérdida de las audiencias por falta de logística para el traslado de presidiarios de una cárcel hacia un juzgado.
Estos sistemas de comunicación interactiva ya están incluidos en las legislaciones de El Salvador, España, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú, al igual que Bolivia.
El subsecretario de Seguridad enfatizó que “el proceso de reforma del sistema penitenciario que ordenó el presidente Hernández sigue en curso y estamos permanentemente revisando los comportamientos y que estas enmiendas nada las detendrá”.
Dictaminar proyectos
La comisión legislativa de seguridad y previsión ciudadana será la encargada de dictaminar ambas iniciativas, informó a EL HERALDO el presidente de esta delegación ordinaria, Tomás Zambrano.
Anunció que los proyectos contemplan reformas a dos códigos, por lo que se requiere la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al respecto, la cual la solicitará esta misma semana la Secretaría del Congreso.
“Son dos temas que van a estar acompañados y creemos que van a tener el respaldo de todas las bancadas porque son de urgencia, seguridad, y en estos tópicos no se involucran aspectos políticos”, admitió.
Agregó que “estamos con el compromiso de acelerar ese dictamen y poderlo elaborar lo más pronto y poder agendar en los próximos días”.
El prosecretario del Poder Legislativo no descartó que para la aprobación de las enmiendas se podría incrementar la partida presupuestaria del INP para la adquisición del equipamiento necesario en la vigilancia electrónica , incluyendo el desarrollo de las audiencias virtuales.
La comitiva dictaminadora sostendrá reuniones con delegados del Poder Ejecutivo para analizar el impacto financiero que representará la aplicabilidad de estos novedosos sistemas en el país, dijo.
Zambrano reiteró que con estas reformas se podrán agilizar procesos e incidirán favorablemente para reducir la mora judicial.
Avala
El coordinador de los Tribunales de Sentencia, Mario Díaz, avaló la medida de utilizar grilletes electrónicos en privados de libertad que hayan cometidos delitos menores.
“Desde hace mucho tiempo nosotros recomendamos el uso de estos mecanismos electrónicos de tal manera que el privado de libertad no tiene voluntad de someterse al proceso por sí mismo, tenga un mecanismo electrónico que posibilite el control del organismo judicial de las medidas sustitutivas”, planteó.
El jurista calificó de positivo este mecanismo porque permitirá que la alternativa sea debidamente controlada por el Tribunal o togado que impone la misma.
De lo contrario ocurrirá lo que sucede hoy en día, que si el imputado no tiene la voluntad de someterse al procedimiento difícilmente se le impondrán las medidas cautelares ya establecidas.
“Tecnología es buena, pero requiere gente idónea”
El exdirector de centros penales Danilo Orellana catalogó como beneficioso que se impulsen medidas tecnológicas para descongestionar las cárceles, pero sugirió gente idónea para ponerlos en marcha.
“Los sistemas electrónicos son positivos porque descongestionan las cárceles y es un poco más cómodo porque ya no se está lidiando con la alimentación de esas personas”, manifestó a EL HERALDO.
Sin embargo, en el caso del grillete electrónico, recomendó que “se necesita preparar a la gente que está monitoreando, tienen que ser policías penitenciarios que hay que prepararlos en ese campo, buscar gente idónea”.
Orellana apreció la experencia de Colombia en el uso de este mecanismo y relató que en esa nación se construyó un centro de monitoreo en Bogotá, donde se supervisaban a todos los que portaban los dispositivos, verificando que no salieran del perímetro establecido.
“Se ha aplicado en zonas urbanas, habrá que poner un punto de control en las ciudades más grandes del país como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca y habría que hacer un diagnóstico en los centros penales sobre quienes han solicitado esta medida”, planteó.
En relación a los juicios virtuales, el comisionado de Policía en situación de retiro consideró que es indispensable el acondicionamiento adecuado de los reclusorios con salas que posean toda la tecnología para celebrar las comparecencias sobre todo en los casos de los reos de alta peligrosidad.
“La tecnología hay que irla adaptando poco a poco, puede tener sus fallos, pero irá descongestionando poco a poco los centros penales”, concluyó.
