Honduras

Alcaldía rechaza petición de trabajadoras sexuales y no acepta abrir prostíbulos

Las autoridades municipales aseguran no estar dispuestas a cambiar la ordenanza municipal aprobada durante la administración del exalcalde César Castellanos, donde se prohíbe la apertura de estos negocios

FOTOGALERÍA
06.07.2017

Tegucigalpa, Honduras
Rodeado de niños, con gritos de alegría y de fondo un agradable espacio de recreación, el vicealcalde capitalino, Juan Carlos García, es tajante y claro: no habrá apertura de centros para la prostitución.

Todas las instituciones públicas han dejado la duda y la esperanza para habilitar espacios para contratar servicio sexual. La alcaldía capitalina ha dado un rotundo no.

“Hay una ordenanza del 12 de febrero de 1998 que debemos respetar, estamos trabajando para buscar cómo reubicarlas, porque no hay ambiente en la Corporación Municipal para derogar la ordenanza municipal”, dijo García a los periodistas en la inauguración de un parque infantil.

Además reconoció que las autoridades locales tienen conflicto con las Mujeres Trabajadoras Sexuales (MTS) que se ubican fuera de los negocios, sobre todo en el centro de la capital.

En este sitio, unas 180 féminas ofrecen sus cuerpos a cambio de un pago económico, un alto porcentaje de ellas son jóvenes, al igual que son el único sustento de sus hogares.

Además: Historia de sexoservidora hondureña: 'Me golpearon... nadie hizo nada'

Normativas
Según la coordinadora de la Defensoría de Personas con VIH y Diversidad Sexual, de la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Francia Maradiaga, conseguir dinero por este medio implica riesgo y violencia para las sexoservidoras.

Maradiaga explicó que este oficio aún no se considera como un trabajo dentro del marco legal, porque es un tema cubierto por el estigma, pues quienes se oponen a regularlo expresan que hay otras opciones para subsistir, “pero nos vamos dando cuenta de una serie de factores que influyen para que un grupo de la población se dedique a ello”.

Entre los factores que Maradiaga expone se enlista la falta de oportunidades laborales, escaso apoyo de los familiares para su formación académica ya que se continúa dando prioridad al varón para su formación profesional, además de que el trabajo sexual no se encuentra legislado.

Según la experta, en el país existen normativas “confusas” como la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana, donde se le atribuye a la Policía la potestad de determinar qué actos son inmorales.

En 1998

es la fecha en que se decidió cerrar los prostíbulos en la capital.

“¿Pero será menos inmoral a que ella ejerza su trabajo a que les roben y las violen?”, cuestionó la defensora de derechos humanos.

El crimen organizado es otro de los factores que aumenta el riesgo social en que viven las sexoservidoras.

La venta de drogas, el conflicto de territorios y el acecho de pandilleros envuelven la vida de las ofertantes del sexo.

“Ellas tienen sus sitios habituales de trabajo porque ahí se conocen entre ellas, pueden ver en qué carro se subieron y eso les da un cierto nivel de seguridad, además de que tienen clientes fijos”.

A las oficinas de la Defensoría de Personas con VIH y Diversidad Sexual, del Conadeh, a la fecha solo se ha recibido una denuncia formal de agresión a una MTS pues el temor a ser identificadas y a recibir represalias se apodera de las afectadas.

“Cuando ellas llegan a denunciar a una posta, la respuesta que reciben es que por qué denuncian y les llaman puta”, comentó.

Sin embargo, las historias de violencia llegan de manera concurrida a los oídos de las autoridades, por lo que se enfocan en la prevención.

Te puede interesar: El centro de Tegucigalpa abraza la prostitución

Demandas
Entre las demandas que las sexoservidoras realizan también se encuentran las relacionadas al servicio de salud que reciben.

Ante esta situación, las autoridades de la Secretaría de Salud informaron que ya establecieron reuniones con representantes de las trabajadoras sexuales para dialogar sobre las demandas que realizan al Estado de Honduras.

Y es que las trabajadoras sexuales ejemplifican la situación que se experimenta en Uruguay, donde este oficio es regulado en cuanto a las condiciones sanitarias en que ejercen su trabajo.

De manera que Elvia Ardón, titular de la Dirección de Normalización de la Secretaría de Salud, explicó que uno de los primeros pasos para brindarle atención a esta población es el de instalar las clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual (Vicits).

“Hemos mejorado los horarios de atención, pero por cuestiones de presupuesto tenemos que acomodarnos a lo que se puede ofrecer”, manifestó Ardón.

Algunas de las sexoservidoras optan por comprar sus preservativos en establecimientos comerciales y farmacias.

Las mujeres trabajadoras sexuales reciben un promedio de 30 preservativos por cita en los establecimientos de salud.

Además detalló que a las personas que viven con VIH se les brinda asistencia por medio del Servicio de Atención Integral (SAI) en 53 establecimientos a nivel nacional.

Para solventar el horario y los servicios que solicitan las MTS, la funcionaria explicó que con apoyo de organismos internacionales brindan asistencia integral a este grupo de la población.

Esta actividad la realizan por medio de organizaciones como el Programa para el Desarrollo de la Infancia y la Mujer (Prodim), la cual además de brindar asistencia médica también realiza capacitaciones sobre derechos humanos.

Otra de las instituciones que también asiste en salud a este grupo es la Organización Panamericana de Mercadeo Social, por sus siglas en inglés Pasmo.

Este ente efectúa programas de salud en prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras infecciones de transmisión sexual, programas de salud para la mujer y planificación familiar, detección de cáncer del cuello uterino, prevención de violencia y detección de diabetes gestacional.

La experta detalló que se pretende que antes de que culmine la actual administración estatal se inicie con el sistema de atención primaria en Salud.

“Nuestra meta es que los médicos atiendan una población determinada de cada barrio y colonia y que el servicio de salud sea más personalizado”, manifestó.

Según las autoridades de Salud, las trabajadoras sexuales hacen uso adecuado del preservativo y desde que se iniciaron con las capacitaciones de educación sexual a esta población, sus prácticas sanitarias han mejorado de manera notoria.

En cuanto a la distribución de preservativos a las MTS, Ardón explicó que a cada una por cita se le entrega hasta 30 unidades, sin embargo, si la trabajadora sexual acude al centro de salud en busca de este producto y hay abastecimiento, se le entrega.

“Nosotros distribuimos preservativos de látex y las trabajadoras sexuales los aceptan, quienes nos exigen más son los hombres que tienen sexo con hombres, ellos nos solicitan preservativos más delgados”, expresó Ardón.

Vea también: La insalubridad campea en centros de prostitución en Honduras

Las zonas del país en las que más se entrega este instrumento de planificación familiar son San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa.

En abril, la Secretaría de Salud entregó a los hospitales públicos y establecimientos de salud del país un estimado de 5.5 millones de condones.

Y en el caso de las organizaciones que trabajan con los grupos vulnerables, se entregan hasta 30 mil preservativos al año.

Las representantes de las MTS en Honduras han dialogado con las autoridades de la Comisión Nacional de Monitoreo y Evaluación del presupuesto público en prevención del VIH, en busca de mejorar el servicio y atención que reciben.