NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Un juez ordenó el viernes que el gobierno estadounidense entregue una
niña hondureña de 14 años a su madre después de que la menor pasara más de dos meses en custodia federal en Nueva York tras cruzar la frontera sola.
El juez Paul Crotty, de la corte federal de Manhattan, pidió que la niña fuera entregada de forma inmediata a su madre Iris Cruz Paz, quien había interpuesto una demanda contra la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
“Me siento súper feliz, contenta”, dijo la hondureña de 33 años al salir de la corte. “Ya la tengo en mi casa gracias a Dios”.
Como parte de una política migratoria muy estricta, el gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto normativas severas y una exhaustiva investigación para que familias inmigrantes puedan recuperar a niños que cruzan la frontera a Estados Unidos sin sus padres.Entre ellas destaca obligar a todos los adultos de una casa a tomarse huellas dactilares que después serán compartidas con los servicios de inmigración. El proceso toma semanas, y como resultado, los menores pasan más tiempo detenidos.
Las autoridades estadounidenses insisten en que las políticas buscan la seguridad de los niños.
Más de 12,000 menores se encuentran actualmente en refugios del gobierno, comparados con los 2,400 de mayo de 2017.
El gobierno estadounidense concedió asilo a Cruz Paz el año pasado. La hondureña dijo que abandonó su país en 2013 por miedo a ser asesinada. Allí dejó a sus dos hijas.
En julio de este año, sin embargo, Cruz Paz dijo que se enteró de que una de ellas, identificada como S.E.V. en la demanda, había huido también “por su propia seguridad”. Desde entonces la menor estuvo en The Children’s Village, un centro en Dobbs Ferry, un pueblo a 40 kilómetros de la ciudad de Nueva York.
Desde que funcionarios de inmigración llamaron a Cruz Paz para informarla que su hija estaba en Estados Unidos, la hondureña se esforzó en enviar toda la documentación necesaria para tomar custodia de la menor y tanto ella como su pareja sometieron sus huellas dactilares.
Las semanas pasaban y S.E.V. seguía detenida.
“Ella está sufriendo mucho. Llora casi cada vez que hablamos y me suplica que la saque de allí”, dijo Cruz Paz en una declaración jurada presentada con la demanda. “Me duele mucho no poder sacarla a pesar de todos mis esfuerzos”.
Durante la audiencia del viernes, un fiscal federal dijo que el gobierno iba “lo más rápido que podía” en el proceso de decidir la custodia de S.E.V.
Una portavoz del gobierno dijo a The Associated Press que no podía comentar sobre casos de litigación pendiente.
Por su parte, el juez Crotty dijo el viernes que no vio motivos para retener a la niña en el centro de menores.
“¿Tú quieres estar con tu mamá?”, preguntó a la menor.
“Sí”, respondió ella.
Paige Austin, de la New York Civil Liberties Union y abogada de Cruz Paz, dijo a la AP que ella sospecha que lo retrasos del gobierno para entregar a los menores inmigrantes a sus padres se deben a que la policía migratoria recibe ahora las huellas dactilares y analiza si arresta a los padres o no.
“Creo, además, que el gobierno no tiene la capacidad para lidiar con más huellas”, señaló.
El juez Paul Crotty, de la corte federal de Manhattan, pidió que la niña fuera entregada de forma inmediata a su madre Iris Cruz Paz, quien había interpuesto una demanda contra la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
“Me siento súper feliz, contenta”, dijo la hondureña de 33 años al salir de la corte. “Ya la tengo en mi casa gracias a Dios”.
Como parte de una política migratoria muy estricta, el gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto normativas severas y una exhaustiva investigación para que familias inmigrantes puedan recuperar a niños que cruzan la frontera a Estados Unidos sin sus padres.Entre ellas destaca obligar a todos los adultos de una casa a tomarse huellas dactilares que después serán compartidas con los servicios de inmigración. El proceso toma semanas, y como resultado, los menores pasan más tiempo detenidos.
Las autoridades estadounidenses insisten en que las políticas buscan la seguridad de los niños.
Más de 12,000 menores se encuentran actualmente en refugios del gobierno, comparados con los 2,400 de mayo de 2017.
El gobierno estadounidense concedió asilo a Cruz Paz el año pasado. La hondureña dijo que abandonó su país en 2013 por miedo a ser asesinada. Allí dejó a sus dos hijas.
En julio de este año, sin embargo, Cruz Paz dijo que se enteró de que una de ellas, identificada como S.E.V. en la demanda, había huido también “por su propia seguridad”. Desde entonces la menor estuvo en The Children’s Village, un centro en Dobbs Ferry, un pueblo a 40 kilómetros de la ciudad de Nueva York.
Desde que funcionarios de inmigración llamaron a Cruz Paz para informarla que su hija estaba en Estados Unidos, la hondureña se esforzó en enviar toda la documentación necesaria para tomar custodia de la menor y tanto ella como su pareja sometieron sus huellas dactilares.
Las semanas pasaban y S.E.V. seguía detenida.
“Ella está sufriendo mucho. Llora casi cada vez que hablamos y me suplica que la saque de allí”, dijo Cruz Paz en una declaración jurada presentada con la demanda. “Me duele mucho no poder sacarla a pesar de todos mis esfuerzos”.
Durante la audiencia del viernes, un fiscal federal dijo que el gobierno iba “lo más rápido que podía” en el proceso de decidir la custodia de S.E.V.
Una portavoz del gobierno dijo a The Associated Press que no podía comentar sobre casos de litigación pendiente.
Por su parte, el juez Crotty dijo el viernes que no vio motivos para retener a la niña en el centro de menores.
“¿Tú quieres estar con tu mamá?”, preguntó a la menor.
“Sí”, respondió ella.
Paige Austin, de la New York Civil Liberties Union y abogada de Cruz Paz, dijo a la AP que ella sospecha que lo retrasos del gobierno para entregar a los menores inmigrantes a sus padres se deben a que la policía migratoria recibe ahora las huellas dactilares y analiza si arresta a los padres o no.
“Creo, además, que el gobierno no tiene la capacidad para lidiar con más huellas”, señaló.
