Seis años después del infierno al que fue sometido por las propias autoridades en México, el hondureño Ángel Amílcar Colón quiere sentar un precedente para que los vejámenes de los que fue víctima no se repitan con ningún migrante.
Colón permaneció recluido entre 2009 y 2014 en una cárcel de México, luego de ser acusado injustamente por tráfico de drogas. Pasó recluido todo ese tiempo sin que se le siguiera un proceso judicial, por lo que gracias a gestiones de organismos derechos humanos como Amnistía Internacional, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y el propio gobierno de Honduras, fue declarado preso de conciencia y fue liberado.
Ahora, de vuelta en México, busca justicia, que quienes lo torturaron sean castigados, que su nombre quede limpio de toda acusación y que el Estado de México le otorgue una indemnización.
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'Si mi caso no llega a concluirse es un antecedente no prometedor para los mexicanos y extranjeros que han sido víctimas de tortura”, dijo el garífuna al diario español El País.
Aunque ha recibido apoyo de diversos organismos, Ángel Amílcar no puede acceder a los recursos que ofrece el Gobierno a las víctimas de la violencia porque el Estado no admite el protocolo de Estambul, un conjunto de reglas para documentar la tortura. que le aplicaron peritos independientes.
“La PGR quiere someterlo a otro donde vuelva a contar toda su experiencia y revictimizarlo. Es un examen muy intrusivo”, explicó Luis Tapia, abogado de la víctima.
El protocolo, realizado cuando Ángel llevaba cuatro años en la cárcel, fue pagado por una ONG hondureña después de que la defensoría pública mexicana rechazara hacerlo por no tener dinero.
“Si no admiten el protocolo cualquier individuo que sea torturado y que contrate peritos independientes verá caer las pruebas vinculadas a la tortura”, aseguró Colón.
Contó además que Lía Limón, encargada de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, lo recibió el 3 de noviembre de 2014.
“Se disculpó en nombre del Estado por todo lo que me había pasado. Me dijo que contaba con un fideicomiso y que iba a agotar todas las instancias para repararme el daño”.
El País señala que en un oficio fechado en diciembre de 2014 se solicitaba al hondureño documentos que comprobaran gastos hechos por su familia en tratamientos médicos y psicológicos. Estos se incluirían como “daños emergentes” que se sumarían a una indemnización general.
Pero en marzo pasado, Limón abandonó el cargo para buscar ser diputada por el Partido Verde y fue hasta la semana pasada que Ángel Amílcar fue recibido por Roberto Campa, el relevo en la oficina de Gobernación.
“Está más dispuesto que la anterior”, comentó el compatriota al diario español.
“No ando soñando en la reparación, creer que eso va a solucionar mi futuro sería engañarme”, agrega.
De momento, prefiere concentrarse en la siembra de bananas en Honduras y en recuperar el tiempo perdido con su familia. “Mi hijo creció sin mí. Cuando uno se aleja se pierde el cariño”. Sabe que el amor, como su huerto, necesita cultivo y atención. “Si no, la mala hierba se come todo”.
