Sin embargo, su defensa argumentó que ella no se encontraba en condiciones de salud para ser sometida al proceso, presentando certificados médicos que probaban sus padecimientos, por ese motivo, el juez a cargo del caso remitió a la acusada al departamento forense en el Ministerio Público (MP), para que un especialista certificado diera su propio dictamen. El 16 de agosto, las partes acudieron a la lectura del informe, que indicó que la exprimera dama no podía ser llevada a juicio, por causas médicas no especificadas por las que tendría que tomar un tratamiento de 30 días antes de una segunda evaluación.
VEA: Rosa Elena de Lobo vuelve a juicio por el desvío de 12 millones de lempiras
En tal sentido, este martes se emitió un nuevo dictamen forense, en el cual el especialista concluye que 'ya es posible la participación de Rosa Elena Bonilla de Lobo en la etapa de juicio y que recomienda que continúe con el tratamiento indicado'.
El anuncio fue dado a conocer por la Dirección de Comunicación del Poder Judicial, ente que se encargará de la programación de su siguiente audiencia para retomar el juicio oral y público contra la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Por su parte, la representación legal de la imputada aún no se ha pronunciado ante la nueva determinación médica, aunque en ocasiones anteriores sostuvo que no acudiría hasta estar sana. De igual forma, su esposo, 'Pepe' Lobo, dijo hace algunas semanas que 'está enferma' y que si el Tribunal la requiere 'la puede ir a sacar en una ambulancia' de su casa de habitación.
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'Caja chica de la dama'
Esta es la segunda vez que Bonilla es enjuiciada por el mismo caso, denominado por los investigadores como 'Caja chica de la dama' tras el desvío de más de 12 millones de lempiras y por el que había sido condenada a 58 años de cárcel, sentencia que fue abolida tras la aprobación del nuevo Código Penal.
Bonilla fue detenida en 2018 y enfrentó 12 acusaciones: tres por delitos de malversación de caudales públicos, ocho delitos de fraude a título de autora y uno por el delito de lavado de activos.
Durante su juicio -que duró 17 meses y 20 días- se evacuaron más de 143 pruebas, incluyendo la revisión de 122 documentos y el testimonio de 14 testigos.
Luego de que proceso finalizará el 24 de abril de 2019, se le declaró culpable de los tres delitos de apropiación indebida y ocho delitos de fraude, siendo absuelta de lavado de activos. Recientemente, también ha sido mencionada en la lista Engel, donde figuran
funcionarios de Centroamérica ligados actos de corrupción y que fue divulgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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